Alguna vez nuestro locuaz presidente dijo: "las instituciones funcionan" ¡y vaya que han funcionado! cual circo conducido por un buen maestro de ceremonias, todas las instituciones que comparten o disputan la conducción política del sistema imperante, han tenido su propio numerito, desde la Iglesia Católica hasta el Ejército, la Concertación y la Derecha, los ministros y los diplomáticos, TODOS han mostrado el rostro de una corrupción que en realidad es la regla cuando existe, como en nuestro país, tal concentración de poder político y económico (a lo cual la Iglesia no escapa).
Por lo tanto, el fenómeno de la corrupción no es más que un aspecto consustancial del comportamiento permanente del bloque dominante. La diferencia cualitativa es que los actuales casos se hacen públicos en una coyuntura cruzada por la crisis económica y la pugna por la hegemonía política dentro del sistema.
Viendo detrás de los árboles
Ojo, que la escalada de casos de corrupción de las últimas semanas puede llevar a confusión a la hora de analizar su real significado y alcances. Debemos comenzar recordando que en relación con sus intereses estratégicos, el bloque en el poder (gobierno, concertación, derecha, empresariado) busca, y en general ha logrado luego de 12 años, la suficiente estabilidad en la conducción del sistema político, así como el consenso en torno a los temas económicos de fondo.
En todo caso esta alianza de largo plazo exige periódicamente maniobras para legitimar sus bases y sobre todo resolver determinadas contradicciones internas que puedan afectar sus intereses fundamentales. Así ocurrió por ejemplo en el tema político-militar, de las relaciones del gobierno civil con los uniformados en el marco de los juicios por violaciones a los derechos humanos, que es resuelto a través de la mesa de diálogo, con la que se pretendió consolidar una “historia oficial” que sólo buscó recomponer las relaciones internas del Gobierno, la derecha y las FFAA, y perpetuar la impunidad a través de una verdad a medias y una reducción del concepto de los derechos humanos al hallazgo de los cuerpos de los desaparecidos.
Esta cuestión tiene un efecto en la gestión política concreta que incluso admitiría, por ejemplo, devolver al presidente la capacidad de remover a los comandantes en jefe de las Fuerza Armadas, como una concesión que la derecha podría hacer ya que en las mencionadas condiciones ello no pone en peligro la estabilidad del sistema e incluso lo legitimaría más a nivel internacional, en un contexto interno general de "lavado de imagen" de las fuerzas militares chilenas, en especial del Ejército.
Sin embargo quedaron cabos sueltos, la situación generada con el alto mando de la Fuerza Aérea, y las denuncias sobre la rearticulación del Comando Conjunto para evadir la justicia (tal como hicieron los nazis luego de finalizada la guerra) afectaron la credibilidad pública de la mesa de diálogo como modelo de “reconciliación cívico-militar”, o sea del gobierno con los altos mandos de las FFAA y la derecha, lo cual obligó a montar otras puestas en escena como fue el homenaje del Ejército a Carlos Prats (ex comandante en jefe asesinado por la DINA en 1974), un acto hipócrita e indigno con que se pretendió reemplazar la verdadera justicia que nunca llegó, y del cual se hicieron comparsa no sólo las hijas de Prats sino también la ministra de defensa, hija a su vez de otro general asesinado por la dictadura.
Pero la tendencia es que los antiguos temas que eran atribuidos a la contradicción dictadura-democracia sean manejados desde arriba ahora para maquillar el sistema sacándole los llamados “enclaves autoritarios” por la vía de reformas negociadas o bien, como ya se mencionó, reduciendo el tema de los derechos humanos a los casos de desaparecidos durante la dictadura, negociando y administrando la aplicación de sanciones judiciales, incluso la situación de los actuales presos políticos podría ser resuelta de esta manera, con el apoyo incluso de la derecha, a condición de que hagan pública su “renuncia inequívoca a la violencia como método de acción política”.
Sobre este asunto, tres consideraciones: primero, si la derecha apoya este proyecto es porque el paso siguiente sería una solución similar para los violadores a los derechos humanos, lo que antes se buscaba mediante una sola iniciativa, ahora se intenta con dos proyectos diferentes para reducir las resistencias de diversos sectores.
En segundo lugar, resulta una irresponsabilidad para un militante o una organización revolucionaria renunciar a priori a determinada forma de lucha, cuando es la propia historia y el desarrollo de la lucha de clases los que ponen en primera línea la necesidad de tal o cual vía; por lo demás, ¿estarían el gobierno, la derecha, los militares o la policía dispuestos a hacer lo mismo, es decir renunciar a la violencia como método cuando se enfrenten a las luchas y movilizaciones sociales, bajo el mismo pretexto de la “pacificación”? La respuesta ha quedado claro con la muerte del joven mapuche Edmundo Lemún, y tal como han declarado las organizaciones representantes de este hermano pueblo, dicho crimen inaugura una nueva fase de enfrentamiento, cuyos términos han sido escogidos por el propio Estado chileno
Por último, y a modo de autocrítica, si este tipo de salidas se imponen en gran medida es a causa de la debilidad de las organizaciones revolucionarias o el movimiento popular en general, donde hemos sido incapaces de contener estas maniobras y luchar en forma más enérgica y unitaria por una liberación digna de los presos políticos.
Por último y como otra muestra de los acuerdos estratégicos dentro del poder, en noviembre del 2002 se terminó en el Parlamento -tras una rápida tramitación- el proceso de discusión del proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. La iniciativa funda la Agencia Nacional de Inteligencia, dependiente del Ministerio del Interior, cuya función según sus autores, es "proporcionar al Presidente de la República conocimiento útil para la toma de decisiones y ejercer las atribuciones especiales que le confiere esta ley en relación con el terrorismo, la criminalidad organizada y la contrainteligencia", conceptos ambiguos que el poder utiliza según sus intereses coyunturales. El proyecto abre paso a un sistema que agrupa al conjunto de los organismos que existen actualmente en este ámbito, sobre la base de una instancia de coordinación llamada Comité de Inteligencia, presidida por el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, la que reemplaza a la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (La “oficina”).
Respecto de los objetivos, se trata de optimizar, regular, revisar y evaluar el flujo e intercambio de información y facilitar la cooperación mutua. Esto incluye procedimientos especiales de obtención de información para las tareas de inteligencia, conocidos como técnicas intrusivas (espionaje, intervención de teléfonos, etc.), estableciéndose una instancia judicial para la autorización de su ejercicio.
La economía y sus vericuetos
En relación con los aspectos económicos, dos hechos trascendentes han pasado casi desapercibidos. Uno, la decisión del Banco Central de entregarle al FMI 450 millones de dólares como una clara señal de aprobación a las orientaciones que el Fondo ha hecho sobre las políticas gubernamentales y monetarias, además de las señales con efecto regional de respaldo a las condiciones que este organismo capitalista les impone a los demás países latinoamericanos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) inscribió al Banco Central de Chile como nueva fuente de recursos para sus arcas, a los que nuestra autoridad monetaria les abrirá las puertas en los próximos cinco años una línea de crédito por US$ 450 millones.
¿Por qué o para qué el Banco Central chileno hace estos aporte al FMI? ¿Tienen alguna incidencia en las arcas del FMI 450 millones de dólares más o menos, si sus recursos totales ascienden a unos US$ 290 mil millones?
El FMI es una institución altamente ideologizada, principal impulsora del modelo neoliberal entre todos sus socios y entre aquellos deudores que han caído en moratoria, como es el caso argentino. El FMI interfiere en las políticas nacionales, impulsa las privatizaciones, la desregulación en todos los ámbitos de la economía, el control estricto de las herramientas monetarias y fiscales. Tanto que la última de las “recomendaciones“ para la economía chilena, la flexibilización laboral, fue finalmente aceptada por el gobierno en toda su extensión. Por ello, la decisión del Banco Central chileno de entregar dichos fondos a esta institución, no es otra cosa que una muestra más de incondicionalidad de nuestra economía con el FMI, señal de sumisión a las imposiciones que el Fondo hace sobre las políticas gubernamentales y monetarias (total después paga el pueblo y no Massad como autoridad monetaria “independiente”, que por lo demás tiene tantos problemas económicos familiares).
Otro hecho en el frente económico interno, es el fortalecimiento de la alianza entre el gobierno, en particular el ministro de Hacienda y el empresariado, luego de la elección de Juan Claro como Presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, lo cual es interpretado como una señal de respaldo (el Periodista, 11 de noviembre de 2002) al Gobierno en el marco de la llamada "Agenda pro crecimiento", propuesta que busca eliminar las regulaciones a la empresa privada (incluido el tema de la flexibilización laboral), y que es considerada por el ministro como una de cimientos de la política económica nacional.
Estos hechos son apenas un botón de muestra en relación con la esencia del sistema capitalista, donde el poder sigue apostando a la estabilidad para salir de la crisis originada por el agotamiento de las bases de sustentación de su modelo económico, que trae consigo la casi “natural” pero inaceptable secuela de cesantía, pobreza, endeudamiento y continuas alzas en el costo de los productos y servicios básicos de la población. Resultados que también repercuten en la superestructura política (instituciones, partidos), pero en este caso de forma distinta, acrecentando las acusaciones de un u otro lado respecto a las responsabilidades de la misma, aumento de los niveles de corrupción y las disputas entorno a la hegemonía; todo en un clima de llamados a la reconciliación (entre ellos) y la unidad nacional (entre ellos también).
La nueva expresión del entuerto
De las fisuras en el consenso neoliberal al interior de la coalición gobernante, han saltado desde hace ya dos años sectores más críticos al modelo (los llamados “autoflagelantes” o el “grupo de los 15”) pero que se mantendrán en el campo académico o cupular, ya que no tienen el menor interés en generar una fuerza popular que los pueda sobrepasar en sus intenciones, como ocurrió por momentos en la década de los 80 del pasado siglo (cuando se quiere se puede).
En el mismo ámbito que lo anterior se enmarca la actual “contingencia de corrupción”, y que no se agota en la presente crisis de la concertación, ya que es reflejo de un modelo y una forma de hacer política en que el soborno, el tráfico de influencias, el amiguismo y el “pituto” son parte constitutiva y hasta esencial de su existencia, tanto en el sector público como el privado.
En estricto rigor el problema no es nuevo y el bloque dominante lo sabe, por eso lo ha tratado como lo ha hecho, sin ir al meollo del asunto, sin afectar sus intereses inmediatos y electorales; salvo la derecha política que tiene algo más de ventaja, pero sin pasar demasiado a la ofensiva (uno o dos comunicados y ya); tanto que ni siquiera el oficialismo le ha enrostrado (como táctica) los múltiples casos de corrupción de la dictadura y sus funcionarios, ya que ello acrecentaría inevitablemente este asunto en un momento delicado para la estabilidad que se quiere aparentar, con un debate público que trasluciría a la corrupción como un problema consustancial al neoliberalismo.
Definitivamente, esta contingencia la están capitalizando aquellos sectores que plantean que para salir de la crisis y retomar las tasas de ganancia se debe profundizar el neoliberalismo, aumentar las privatizaciones y la liberalización, acrecentar nuestra dependencia del imperialismo y, ante el descrédito de la llamada “clase política”, profundizar la alianza del gobierno con el sector empresarial.
A los actuales gobernantes no les cabe en la cabeza escuchar las demandas populares, de los trabajadores, los estudiantes y pobladores, al contrario, sigue optando por “ni un peso más” para resolver los problemas sociales más urgentes o para conceder sueldos dignos, pero sí dar todas las facilidades para que el empresariado siga enriqueciéndose e incluso aumenta el sueldo de sus ministros y funcionarios.
Otro gallo cantaría de existir un movimiento popular vigoroso. Esa es la gran estrategia a resolver por los sectores más avanzados y organizados políticamente de la clase en el período presente. Necesitamos cuanto antes pasar a la ofensiva, ser más audaces, fortalecer la identidad, organización, la lucha y la convergencia, así como desarrollar a los sujetos sociales bajo un concepto integral de los derechos humanos que se liguen realmente a las necesidades básicas de igualdad y justicia en el trabajo, la educación, la salud, la cultura, en definitiva una vida digna y no sólo la sobrevivencia enajenante del día a día.
El modelo está siendo cuestionado a nuestro alrededor, lo que está ocurriendo en Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina, con todas las particularidades e incluso diferencias que puedan generar dichos procesos, de todas formas reflejan la crítica y la búsqueda de alternativas a un esquema económico, político y social agotado.
En nuestro caso el camino debe ser el inverso a las formas tradicionales de hacer política: rescatar y prestigiar el papel de la militancia política, de la participación conciente, del reconocimiento al valor de las organizaciones sociales, de las identidades y opciones nítidas para los trabajadores, de las políticas basadas en proyectos y principios que defiendan los intereses y objetivos nacionales y no de las transnacionales…en concreto una opción patriótica y popular.
El FPMR tiene la firme decisión de construir dicha opción, apoyado en la culminación de su nuevo proyecto político. Entonces, este 2003, del vigésimo aniversario de nuestra organización, será también el año en que se darán a conocer estas importantes definiciones y propuestas desde el rodriguismo al campo popular.