En definitiva, es el Estado el principal garante del neoliberalismo; la clase dominante ajustó el aparato estatal a sus intereses transformando sus mecanismos de intervención económica y social en el país por la vía de reducir drásticamente su incidencia en ese campo, pero fortaleciéndolo y modernizándolo en su rol de control y represión a los sectores sociales y políticos opositores al sistema, para lo cual puede recurrir tanto a la represión, como a la institucionalización de las organizaciones sociales (juntas de vecinos, sindicatos, etc.) para que las demandas populares no amenacen el esquema instaurado, y el uso de los medios de comunicación social como una eficiente arma de manipulación ideológica en la sociedad.

b) 1983-1990, crisis política y ajustes del bloque en el poder.
En el año 1983, en el contexto de una recesión económica, se produce el despliegue de un gran movimiento de masas contra la dictadura La lucha popular se retroalimenta con el fortalecimiento de las organizaciones políticas de izquierda y su proyección revolucionaria, que logró sumar o al menos neutralizar a la pequeña burguesía y las capas medias (representadas en parte en el llamado “centro político”: la DC, la Social Democracia y sectores de la derecha), profundizando las diferencias al interior del bloque en el poder (FFAA, derecha política y económica), y empujando al imperialismo a promover una salida política restringida en función de asegurar sus intereses permanentes.

Luego de unos 4 años de movilización y disputa por la hegemonía, los sectores populares no pudieron imponerse debido a la carencia de un proyecto político único y coherente, la falta en la izquierda de una perspectiva estratégica y táctica (en lo político y militar), que con base en el pueblo le permitiera hegemonía sobre el centro político para enfrentar a la tiranía (ocurriendo a la larga lo contrario) lo cual, entre otros factores, dieron tiempo al régimen militar para recuperar la iniciativa.

Así, la salida a la crisis política de esos años es conducida por la burguesía y sus partidos, el imperialismo y la propia dictadura, la cual logró resolver los problemas de legitimidad institucional del sistema y la continuidad del régimen militar bajo el liderazgo de Pinochet a través del plebiscito de 1988. Con la derrota electoral del dictador en esta instancia, se abre paso a un cambio negociado del régimen político que no alteró mayormente la institucionalidad que hasta ahora rige y el marco del capitalismo dependiente, proceso de tránsito que se concreta en las reformas constitucionales de 1989 y las elecciones de 1990.

Así se produce el cambio en la forma de gobierno dentro del Estado, que en el fondo es una representación de clase. El proceso de negociación política –que comenzó a desarrollarse a partir de la primera crisis del régimen en septiembre de 1983-, adquiere una nueva calidad posteriormente al plebiscito de 1988, siendo conducido por las FFAA y las representaciones políticas de la clase dominante: la Concertación y la Derecha , reorganizándose así desde 1990 el bloque en el poder sin alterar la hegemonía de la burguesía monopólico financiera, ya que este proceso se basa en un consenso económico neoliberal, en el que los grandes grupos económicos tienen también un rol político, incidiendo según sus intereses en materias tan importantes como el empleo o la inversión, y contando con representación política directa a través de sus organizaciones gremiales (Confederación de la Producción y el Comercio). Las contradicciones dentro de este bloque tienen que ver con la disputa por la administración del modelo y por cuotas internas de poder. Situaciones coyunturales como los juicios a militares y al propio dictador pudieron tensar las relaciones al interior de este bloque, pero lo que efectivamente puede alterar la correlación de fuerzas en su seno (como ha ocurrido en la historia) son los efectos de la crisis económica del modelo político y económico preponderante.

De esta manera, en términos de clases sociales quedan expresamente definidos para los trabajadores y el pueblo sus actuales enemigos principales o estratégicos: el imperialismo y la burguesía monopólico-financiera aliada al capital transnacional, y sus enemigos inmediatos, quienes hoy impulsan y administran el modelo neoliberal: el gobierno, la Concertación, la Derecha y los grupos económicos.

c) La situación de los sectores sociales
Los cambios estructurales y superestructurales impuestos en nuestro país por la dictadura militar no sólo fueron dirigidos a crear las condiciones objetivas para ordenar un modelo con un nuevo patrón de acumulación Capitalista. Toda esta reestructuración se orientó también a destruir las bases políticas, ideológicas y orgánicas del Movimiento Popular que se había generado tras décadas de lucha, y que se enfrentó con mayor decisión a la dictadura pinochetista.

Desde entonces, para que el modelo pudiera mantenerse, sus administradores han recurrido a diversas políticas de control y sometimiento ideológico sobre la población, intentando contener cualquier signo de descontento en el seno de los sectores populares, influyendo en sus conciencias (fomentando el consumismo, el individualismo y la alienación), donde la dominación se ha reproducido con más fuerza. Por tanto, no es extraño evidenciar los efectos de esto en los sectores sociales que hoy se encuentran fragmentados, desorganizados, desvinculados de sus propias necesidades, es decir, hoy no podemos en rigor hablar de Movimiento Popular, pero sí vemos la expresión de este mundo social disperso, con esporádicas, parciales y atomizadas manifestaciones enmarcadas dentro del campo reivindicativo, pero que en lo fundamental no cuestionan el modelo existente.

Las razones de este retroceso no sólo se encuentran en los cambios políticos-sociales antes mencionados, sus causas se vienen gestando a partir de 1985, período en el cual se va concretando la derrota política del pueblo organizado debido a varios factores, entre los cuales la carencia de un proyecto revolucionario por parte de los sectores más concientes, es el que más influye. Al arribar a la nueva década (la de los noventa), sin un programa transformador, y con un evidente retroceso ideológico y orgánico, no pudo reorientar las luchas sociales más allá del cambio de gobierno. Dentro de este terreno los partidos políticos que habían conducido el proceso de negociación pactada de salida de la Dictadura, asumieron un rol central, en tanto el protagonismo de las organizaciones sociales de base se redujo a su mínima expresión.

Es a través de las reivindicaciones sociales donde el bloque en el poder mejor ha plasmado su poder de dominación encubierto en el asistencialismo. Este “paternalismo” ha neutralizado el descontento, que mientras más sutil se torna, se vuelve más desmovilizador, y que en fin trata de evitar el surgimiento de organizaciones populares capaces de desarrollar luchas frontales (ejemplo es el “control ciudadano” excusado en el combate contra la delincuencia y el narcotráfico).

El bloque dominante salvaguarda sus pretensiones de inmovilizar a los sectores dominados, cooptando a sus dirigentes sociales, afianzando el electoralismo, el cortoplacismo y las fórmulas cupulares que buscan restarle incidencia a las decisiones de la base popular (participación real), acciones que por lo demás han dado sus frutos ya que en distintos niveles se ha legitimado como “la forma” de hacer política, fomentando a su vez la idea de que fuera de este sistema no hay otro.

En este panorama, aportar a la construcción de Movimiento Popular es una de las tareas estratégicas del rodriguismo en el mundo social (tarea que nuestro proyecto político debe representar), de ahí la importancia de insertarse, conocer e incidir en cada sector, crear o cualificar la identidad popular, la organización del pueblo, la participación conciente, una visión y una actitud superior ante esta realidad que parece aplastante; hay que crear espacios de confianzas, cooperación, creatividad y fortalezas tanto individuales como colectivas, principios que por años el neoliberalismo ha buscado socavar.

d) Los posibles sujetos o fuerzas sociales principales en el proceso revolucionario
(potencial en nuestra construcción).
El análisis concreto de las condiciones de cada sector nos permite precisar a los sujetos del proceso revolucionario en cada momento histórico; como componentes potenciales del emergente Movimiento Popular distinguimos a los Trabajadores, Pobladores y Estudiantes, sectores cuyo elemento unificador es ser igualmente golpeados por este sistema de dominación, que los somete a una situación de explotación, dominación y pobreza estructural irreversible dentro del actual esquema. Esto se refiere a una dimensión visible, que es la falta de ingresos para satisfacer las necesidades básicas (salud, vivienda, educación dignos), pero que en su fondo esta pobreza estructural tiene como causa la relación de explotación inherente al Capitalismo y que se presenta con exacerbada crudeza en su modelo Neoliberal.

Los Trabajadores como motor fundamental.
Si partimos de la base que nuestra organización sostiene la necesidad de una revolución social en nuestro país como alternativa para superar las desigualdades y construir el socialismo, es que planteamos que la Clase Trabajadora es el motor fundamental de dicha revolución; pues dentro del modo de producción y por el rol que juegan, producen la riqueza en nuestro país que va a parar a las manos de un 3% del total de la población activa en términos económicos. Quiérase o no, los Trabajadores en su conjunto mueven al país.

Aunque el peso cuantitativo de algunos sectores de los Trabajadores Productivos (industrial manufacturero), en el transcurso de los últimos treinta años ha disminuido en términos relativos, su aporte económico no habla de una disminución de su importancia, sino del aumento de la explotación y la introducción de nuevas tecnologías.

Cabe señalar que el cambio de la economía no sólo provocó la destrucción de sectores completos de trabajadores (en el carbón, en el campo, en la industria manufacturera y los servicios públicos), sino que dinamizó un cambio y una diversificación en la composición de este sector. Así tenemos que las capas medias incorporan un porcentaje significativo de Trabajadores; profesores, profesionales y técnicos en la informática, de servicios comerciales y financieros, ciencias y medicina, y las comunicaciones, en la relación Capital-Trabajo, se insertan como un grupo más dentro del sistema de trabajo asalariado y aunque en términos económicos se proletarizan, su conciencia como parte de la clase trabajadora aún no se desarrolla; los efectos subjetivos del modelo que fomenta el individualismo, la competencia, el consumismo, etc. profundizan esta falta de identidad de clase.

Uno de los objetivos estratégicos de la dictadura militar y de la clase dominante fue la desestructuración de los trabajadores como sujetos sociales y políticos en la sociedad chilena. La represión y la persecución a sus organizaciones y dirigentes, el Plan Laboral a la medida de los intereses patronales con su carga de miedo constante al desempleo, más los efectos concretos de la fragmentación productiva, la subcontratación y flexibilización del mercado de trabajo, la precariedad de las condiciones de empleo, la cesantía permanente como recurso del modelo para mantener salarios bajos, han transformado la estructura laboral y trastornado las condiciones objetivas y subjetivas sobre las que se construyó el movimiento sindical chileno.

Se podría resumir en que las políticas laborales implementadas entre los años 73 al 89, se tradujeron en la pérdida de una serie de beneficios y garantías que los trabajadores habían ido adquiriendo en el curso de los gobiernos anteriores, sobre todo durante la Unidad Popular. El autoritarismo y la aplicación de una serie de normas destinadas a restringir la capacidad de negociación de los trabajadores, provocaron un clima de inestabilidad e inseguridad que limitó su capacidad de negociación y participación. La “flexibilidad” otorgada al sistema de empleos, significó aumentar el poder de los empleadores, constituyendo una traba real al desarrollo de la sindicalización y negociación colectiva.

Esta flexibilidad del trabajo, propia del modelo económico, genera un mercado laboral absolutamente descentralizado y abierto a las fluctuaciones del mercado, tanto en sus regulaciones legales, como en su realidad productiva, con lo cual se constituye un nuevo perfil del mundo laboral que se caracteriza por la existencia de un núcleo creciente de trabajadores con empleo transitorio, con menor remuneración e inseguridad en el empleo. De esta forma, el crecimiento de la economía se ha realizado sobre la base de un enorme contingente de personas que participa del mercado ocupacional a través de un tipo de trabajo frágil e informal.

La continuidad de este panorama durante los gobiernos de la Concertación responde a la rearticulación del bloque dominante luego de 1988, conservando su modelo económico pero remozando la cara del sistema (nuevas Leyes Laborales), enfatizando para ello, la necesidad de una mayor equidad y oportunidad social, cosa que en modo alguno apunta a cambiar estructuralmente el modelo, que es el que genera tanta desigualdad e injusticia.

Los Trabajadores poco a poco fueron perdiendo su rol activo dentro de la política, como un sector anteriormente homogéneo y fuerte en su capacidad de lucha hoy se presentan como un sector heterogéneo (debido principalmente a su composición), y que el móvil de sus reivindicaciones son económicas y de carácter corto placistas, midiendo sus fuerzas más que por los contenidos, por el cuidado de la fuente laboral.

Hoy la política laboral fortalece la atomización sindical. Quienes administran el sistema insisten en promover la idea que los intereses se representan de mejor forma de manera individual o en pequeños grupos (las negociaciones colectivas se desarrollan a nivel de sindicato por empresas), lo que obviamente promueve el individualismo, luchas particularizadas, etc.

Por otra parte, la descentralización de las ramas productivas ha dado origen a la dispersión de los trabajadores como grupo social, con identidad de clase, cosa que se ha manifestado en los bajos niveles de sindicalización, que es la forma político-reivindicativa propio de este sector, teniendo por tanto una capacidad limitada de imponer sus demandas y lograr ajustes de orden social al modelo. Esta situación se hace más grave con la poca o casi nula representatividad de la Central Sindical que es la CUT, en donde los dirigentes han desarrollado una política de acuerdos cupulares con los gobiernos de turno y empresarios sin tener en cuenta objetivamente los verdaderos derechos e intereses de los trabajadores, aceptando los criterios de modernización, eficiencia y productividad con cargo de estos últimos, los que dada su baja capacidad de negociación y movilización, no reaccionan organizadamente.

Si bien esta es la cruda realidad que enfrentan los trabajadores, debemos estar concientes de que el rol protagónico que le incumbe es algo que se desarrolla, y por lo demás nos plantea un trabajo de largo aliento, pues es indudable que un proyecto y un proceso con un definido contenido de clase, debe orientar las formas y contenidos de organización y de lucha de manera más integral con perspectiva al cambio político-social.

Los Pobladores, otro importante sector social.
Durante muchos años se consideró a los Trabajadores como únicos representantes del Movimiento Popular. Esta visión resultó ser un tanto sesgada, pues es indiscutible que los Pobladores jugaron un papel preponderante durante la lucha contra la Dictadura, no sólo por la forma como ésta se desarrolló sino también por los contenidos que de ella se desprendieron, aunque su particular dinámica ya tenía larga data, específicamente desde mediados del siglo pasado, donde poco a poco se van situando como un importante actor social.

Sin embargo, luego de 1983, la crisis económica, la cesantía y el contexto de lucha política contra la dictadura, suscita el fortalecimiento del poblador como un sujeto social y la población no sólo como uno de los espacios donde se expresan concretamente las condiciones y efectos de la explotación y la cesantía, sino también como el territorio concreto de lucha directa y construcción de organización, cuya expresión demostró ser una experiencia rica en la afirmación de la identidad popular, la socialización y la autogestión económica.

Esta experiencia acumulada provenía de una historia que constituyó a un sujeto y un espacio más homogéneo, con objetivos ligados en primera instancia, al problema habitacional y que luego fue adquiriendo matices ligados a los intereses de la clase que representan. Este espacio geográfico permanente y punto de confluencia de otros sujetos sociales (trabajadores y estudiantes), originó la construcción de una identidad propia, con una tradición local, un espacio comunitario que permitió la articulación de redes sociales con facilidad, y que debido a factores antes analizados (falta de un proyecto popular), fue imposible proyectarlo integralmente al nuevo período.

Si bien la reestructuración del sistema político-económico no repercutió inmediatamente al interior de los pobladores, los efectos se fueron manifestando a medida que el mismo modelo se iba consolidando, pues es en el barrio donde se vivencian concretamente los flagelos del sistema, que sumen a la población en la pobreza y marginalidad cuyas expresiones se manifiestan cotidianamente en los altos índices de deserción escolar, prostitución, maltrato intrafamiliar, drogadicción y delincuencia, por nombrar algunos.

Todas las repercusiones anteriormente señaladas generan tarde o temprano las condiciones para una acumulación progresiva de descontento; la clase dominante pendiente de ello se ha esmerado en mantener controlado a este sector con sus políticas amedrentadoras y de sometimiento. Los mecanismos que se utilizan van desde el asistencialismo practicado principalmente por las ONGs, pasando por las planes de “Seguridad Ciudadana”, hasta los espacios formales como las Juntas de Vecinos y las propias Municipalidades, los cuales restringen la participación y organización de dicho sector. En el caso de las Juntas de Vecinos las restricciones responden a múltiples factores entre los cuales se encuentran no sólo las normas institucionales, sino también a la composición de ellas, por cuanto son utilizadas por aquellos que no necesariamente, y en la mayoría de los casos, representan los intereses de este sector social.

El vacío en la construcción desarrollada por los sectores más progresistas en los años posteriores a la Dictadura, sirvieron como terreno fértil a las políticas dirigidas a consolidar una forma de actuar desideologizada, haciendo que la capacidad de avanzar y generar vínculos o articulaciones sea un proceso considerablemente mayor, para el cual no está preparado aún. Todavía no hay conciencia de que la lucha por los derechos sociales no son favores políticos que entrega la clase dominante, sino que es parte de una lucha que trata de abrir camino a una vida realmente digna y justa; en fin, es reivindicar los Derechos Humanos en un sentido integral.

Reconocemos que respondiendo a particularidades territoriales, últimamente se han ido desarrollado iniciativas que tratan de ir rescatando la importantes experiencias organizativas que ha caracterizado a este sector, tendiente a recuperar lo que la atomización e inmovilidad les ha arrebatado; un proceso de recomposición que pensamos debe apuntar a la unificación de la base social con la política y que en el transcurso de dicho proceso de reconstrucción al calor de la realidad, se afirme la convicción de que se pueden transformar los espacios y la sociedad para beneficio de las mayorías.

Estudiantes en el centro del control ideológico
La estructura educativa como herramienta ideológica, ha sido un instrumento del cual se han valido los sistemas dominantes para poder afianzar su dominio y control “espiritual” (como lo definieron Marx y Engels), de manera sutil pero efectiva. Es por lo mismo que el proceso de reconversión de dicho aparato en dictadura se orientó al cambio en el diseño y participación del Estado en este campo, para luego consolidar, mediante reformas al mencionado esquema, la proyección de un modelo que se sustenta en la discriminación y la elitización del acceso a la Educación, sobre todo en la etapa media y superior.

Esta reestructuración contó con marchas y contramarchas, debido a la oposición que poco a poco fue levantándose contra la reformulación del sistema iniciada desde comienzos de la década de los ochenta, y que hasta ahora se ha tratado de profundizar. Esta oposición se ha caracterizado por constantes movilizaciones que en principio han tratado de frenar la mercantilización de la Educación, aunque dichas luchas todavía se enmarcan dentro del campo reivindicativo económico (crédito fiscal, asignación de recursos a los planteles por parte del Estado, etc.) sin alcanzar un cuestionamiento estructural al modelo.

Los intentos por afianzar el modelo aparecen periódicamente (podríamos decir inclusive en fechas determinadas), lo que obliga a los estudiantes a una constante movilidad, generando un grado de participación y organización muchas veces mayor que otros sectores sociales, aunque estas cualidades se quedan en un aspecto formal y concentradas únicamente en su propia experiencia, pues no se ha proyectado a un contenido definido y que pueda, de alguna u otra forma, aportar a la reconstrucción de movimiento popular.

A lo largo de la historia del movimiento estudiantil se han visualizado distintas formas de organización. Tanto las formales (ligadas a los Centros de Alumnos, Federaciones), como las “de hecho” (colectivos culturales, sociales, etc.), que se han distinguido por ser el punto de reunión de jóvenes que se organizan para hacer frente a las políticas educacionales de los gobiernos de turno. Así se manifiestan como un sector dinámico, pero al carecer de un proyecto claro que desenmascare el carácter de clase que rige al sistema, terminan orientados hacia el reformismo y el corto placismo (otra de sus limitantes es que la radicalidad suele asimilarse más a las formas o instrumentos más que a los objetivos).

La manera como los sectores oficialistas y derechistas se han insertado en este campo es precisamente a través del manejo que realiza de los espacios institucionales, manipulando las movilizaciones según sus propios intereses, privilegiando el gremialismo y el paternalismo en todos sus niveles como forma de control. A lo que también aporta la ambigüedad e incapacidad de la izquierda tradicional, que no ha permitido un despegue cualitativo de las demandas estudiantiles.

Esta lógica va definiendo un tipo de conciencia que no se confronta con la realidad que los propios estudiantes viven, ya sea en sus barrios o en sus propias familias (internalizar que las contradicciones del sistema afectan los distintos niveles de su vida), asumiendo su problemática como algo particular; este mecanismo de atomización se ve reforzado en el aula donde se crea una subjetividad ligada al individualismo, conformismo, etc., un individuo en cuya conciencia poco a poco y de manera sigilosa, se plasman los valores y visiones que entrega el Capitalismo.

Es indudable que dentro de este panorama, y sumado a lo transitorio que es el paso de los jóvenes por las aulas, los estudiantes igual serán un protagonista importante dentro del proceso revolucionario; que si bien no se han distinguido por promover durante el presente período un cambio radical en la sociedad, en los momentos en que su lucha se agudiza son actores altamente críticos de las prácticas y discursos que atentan contra el derecho a la Educación; es ahí donde las organizaciones revolucionarias deben tener la capacidad de orientar un trabajo político que permita ir desenmascarando el verdadero sentido del modelo impuesto y proyectar al interior del estudiantado niveles de organización que respondan a sus verdaderos intereses y demandas.

El sector rural y sus obstáculos
El movimiento de los trabajadores rurales (asalariados) y de los campesinos (pequeños propietarios de tierras) no se comenzó a perfilar como un sujeto hasta bien entrado el siglo XX, específicamente a partir de la matanza de Ranquil (1934) donde la cuestión rural se mostró como un acontecer aislado de la urbanidad; es ahí donde se gestan las primeras reivindicaciones que reclamaban el derecho a la tierra y a mejores condiciones de vida y trabajo.

Estos sucesos dieron impulso para la formación de una serie de organizaciones rurales que en principio apuntaron a la organización y libertad sindical, la reforma agraria, la ampliación de los derechos sociales para los campesinos y la creación de cooperativas. Pero tuvieron que transcurrir tres décadas para que sus demandas asumieran un carácter institucional (1967), sumiendo las estrategias de lucha a un marco legal implementado por parte del Estado.

Así, este cariz institucional provocó una renuncia a la demanda por tierra como primer objetivo, a su vez, las organizaciones rurales se caracterizaron por una alta dependencia del Estado y de los movimientos urbanos; estos últimos jugaron un papel fundamental en la creación de las primeras federaciones campesinas. Y aunque este condicionamiento estuvo enmarcado dentro del proceso de reforma agraria, iniciativa que provenía de parte primero del gobierno de Frei Montalva y luego profundizado por la Unidad Popular, pronto dejaron entrever anhelos y rebeldías que llevaban largo tiempo incubándose en el seno de estos sujetos.

Ya para principios de la década de los setenta, el movimiento campesino ejerció acciones directas con el fin de acelerar la expropiación de fundos; así el orden de las haciendas fue desafiado, los derechos sociales y políticos fueron nuevamente posicionados como demandas, se rompieron las barreras legales, etc.

Pero el proceso de reestructuración político-económico, también afectó duramente a este sector; la dictadura no sólo se encargó de golpearlos y desarticularlos, sino, y consecuentes con la implementación del modelo, favoreció el crecimiento del sector Agroindustrial, lo que provocó que miles de campesinos ligados a la pequeña producción y al trabajo directo en la tierra, de la cual ya eran propietarios, pasaran a una modalidad que se sustentaba en la venta de sus fuerzas de trabajo, es decir la proletarización.

La reconversión a través de esta “contra reforma agraria”, terminó por liquidar toda la estructura de un actor social y productivo que se había perfilado rápidamente en el transcurso de tres décadas. Hoy, y para efectos estadísticos, la composición de este estamento es de alrededor de doscientos diez mil jefes de familia con tierra y setenta mil familiares no remunerados. La caída en el precio de los productos agrícolas, la falta de capitales, tecnología y capacitación, entre otras, son las condiciones que afectan gravemente a estos pequeños productores, dentro de una política que privilegia más la apertura de los mercados que la demanda interna. Por otra parte, también existen quinientos mil trabajadores agrícolas asalariados de los cuales cuatrocientos mil son temporeros (mujeres principalmente).

La competencia con productos que son subsidiados en sus países de origen, y que gozan de mejores garantías, marcan la tendencia e indica que el campesinado tradicional está en franco retroceso y que al tornarse precario su modo de sobrevivir debido a las constantes crisis que lo afectan, sea un sector que deje de existir, y con ellos una tradición que indudablemente pertenece a la historia del movimiento popular chileno.

Respecto a la temática indígena
Este es un tema complejo y de extensa investigación, sobre todo cuando consideramos que ésta es una generalidad que abarca diversos pueblos que se constituyen dentro del país.

Por ello, para poder centrar nuestro análisis, creímos necesario destacar fundamentalmente la lucha del pueblo mapuche, no sólo por corresponder a una particularidad, sino porque en éstos se concentran con mayor fuerza y agudeza los conflictos de los últimos tiempos. No queremos desmerecer legítimas reivindicaciones que hayan levantado otros pueblos, pero con justeza a la verdad, los antecedentes que se pueden tener a la mano son escasos o muy precarios.

Lo cierto es que los indígenas que habitan el territorio nacional, como los del resto de Latinoamérica, constituyen un grupo bastante importante, socialmente discriminado y económicamente pauperizado, viviendo en la pobreza no sólo en sus comunidades sino también fuera de ellas.

En el caso particular de los mapuche, podemos distinguir dos niveles en su composición. Una, que se caracterizaría por aquellos que han “emigrado” o hecho parte de la forma de vida urbana, y que dentro de cualquier análisis, podrían aparecer contextualizados junto a los tres primeros sectores sociales antes analizados (trabajadores, pobladores o estudiantes). En el segundo de los casos, se sitúan los mapuche que se han resistido al abandono de sus territorios y que son específicamente los que se han perfilado como los más movilizados. Sobre estos últimos es donde nos concentraremos, tratando de no privilegiar el detalle historiográfico pero a la vez sin caer en el reduccionismo.

Es sólo durante el período de la Unidad Popular donde existió alguna recepción a ciertas demandas específicas de este pueblo, que se plasmaron en la Ley 17.729, la cual reconocía su identidad distinguiéndola de la generalidad de los ciudadanos de la república; además en materia de tierras impidió la división y mediante las expropiaciones se recuperaron los territorios que en ese entonces estaban en litigio.

Pero luego, mucho de lo alcanzado por el movimiento indígena se perdió en los años de la dictadura. La “contrarreforma agraria” terminó con la posibilidad de ampliar la base territorial indígena, se desarticularon las organizaciones y a través de decretos se puso fin a las medidas de excepción legales alcanzadas por los mapuche.

Este nuevo panorama fue el caldo de cultivo para el fortalecimiento de su identidad como pueblo, que se había tratado de desmantelar por vías jurídicas. Así resurgieron organizaciones que recogieron la idea de un proyecto histórico que asegurara su continuidad como pueblo indígena, con una identidad diferente a la chilena. Si bien a fines de la década de los setenta este proyecto era un objetivo colectivo, los estallidos sociales de principios de los ochenta y la manera como las organizaciones se fueron vinculando, provocó divisiones al interior de las mismas.

Dentro de este marco se generan distintos objetivos que van desde una integración armónica con el resto de la sociedad chilena, hasta posiciones que defienden las concepciones de “autonomía y nación mapuche”, complementado con programas que abarcan diversas visiones estratégicas. Lo que si ha quedado claro, y por muy escondido que aparezca, es que su lucha está enmarcada dentro de la defensa de la tierra, en otras palabras, la cuestión indígena es una expresión de nuestra economía, cuyo origen está en el régimen de propiedad de la tierra, pero que se le agrega el elemento étnico y toda su cosmovisión. En tal sentido, no hay que eludir el problema social, pues los mapuche no son un todo homogéneo (esto sucede en todos los sujetos sociales), pues en la gran mayoría de los casos, están atravesados por el peso ideológico, económico y cultural del sistema capitalista que domina al mundo y esta región desde el surgimiento de las actuales repúblicas.

En la medida que los objetivos de las organizaciones del pueblo mapuche se dirijan a una lucha contra el sistema de dominación, podrían estas convertirse en aliadas tácticas o estratégicas en el marco de la lucha popular, atendiendo siempre a su particularidad como un pueblo con históricas y específicas demandas.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONSTRUCCION
POLITICO-SOCIAL EN ESTE PERIODO.

La primera consideración general a destacar es el carácter anticapitalista y antiimperialista de nuestra política, nuestra oposición al actual sistema de dominación, su régimen político, jurídico, y su modelo económico.

Por otra parte, la construcción política y social del Rodriguismo se orienta teniendo en cuenta el sentido general del período; la situación del bloque dominante, su institucionalidad, y el estado actual de los sectores populares, en definitiva, la actual correlación de fuerzas políticas y sociales como factor subjetivo para determinar los propósitos principales de nuestra construcción, así como las formas generales para alcanzarlos.

Nuestro objetivo principal para el período es aportar a la reconstrucción de Movimiento Popular, concebido como una amplia fuerza del pueblo, conciente y politizada, organizada en torno a sus demandas sectoriales y nacionales, para enfrentar las políticas neoliberales y sus efectos en los diferentes sectores, ya sean estos poblacionales, estudiantiles o de trabajadores.

En función de dichos planes es que hemos descartado la inserción en la institucionalidad (alcaldías, parlamento o presidencia), como estrategia conducente para la mencionada reconstrucción. El régimen político imperante está en general diseñado para cerrar el paso o bien absorber y cooptar expresiones políticas distintas a la del bloque en el poder, situación que en un contexto de desventaja o desorganización de los sectores populares y revolucionarios a escala nacional, convierte en estériles los diferentes intentos de enfrentarlo “desde adentro” (de hecho dichas políticas no han logrado siquiera estar “dentro”).

Entonces, nuestra opción fundamental contiene la construcción social desde la base, inserción social, trabajo territorial, como algunos de los conceptos generales con los cuales hemos orientado nuestros pasos, de ahí hemos ido valorizando o desechando determinadas definiciones, objetivos y medios de trabajo, así como también modelando un pensamiento y una actitud frente a determinadas contingencias y coyunturas.

La prioridad de los Rodriguistas seguirá siendo nuestro fortalecimiento interno y el trabajo propio de inserción y construcción en la base, haciendo efectiva la participación y protagonismo popular, contribuyendo a la creación y fortalecimiento de organizaciones del pueblo y encauzándolas por la vía de la lucha reivindicativa, politizándolas en el sentido revolucionario del término o sea enriqueciéndola con elementos teóricos, políticos y organizativos.

Este proceso de elaboración de proyecto en el que hemos estado trabajando todos estos años, realizado al calor de intensos encuentros donde no solo ha participado la militancia sino además un número considerable de compañeros simpatizantes o cercanos a nuestra organización, nos ha arrojado una visión más amplia sobre determinados hechos, que luego de evaluar, diagnosticar y elaborar, nos plantea entre otras tantas conclusiones, que nuestro quehacer político social debe estar dotado de algunas cualidades que nos permitan desarrollar con mayor facilidad las tareas que nos asignemos. Dejando en claro de antemano, que será el análisis concreto de la realidad territorial la que irá definiendo en determinados momentos los pasos y caminos a seguir.

1. Crecer a partir de la unidad de las organizaciones sociales y políticas (re spetando la propia identidad), entendiendo que la unidad y la convergencia no puede ser vista como un simple “pegoteo” de orgánicas y siglas, o como la forzada adopción de políticas, consignas o discursos, sino más bien la combinación de distintas experiencias que generen nuevos espacios o iniciativas, con propuestas concretas, al calor de una práctica que haga madurar y fortalecer el trabajo (basado en la transparencia, honestidad y solidaridad), de cada uno en su sector o territorio y que cree las condiciones para la consolidación de un movimiento popular firme.

2. Utilización de la agitación y propaganda, como método para expresar las contradicciones e inoperancia del sistema ante las necesidades básicas de la población, es decir, el derecho a la educación, salud, vivienda, alimentación, urgencias ante las cuales los régimen neoliberales no tiene ni tendrán soluciones más allá de su visión mercantil (una herramienta más de la lucha ideológica).

3. Confrontación consciente, constante y creativa, dejando de victimizar la lucha (a la defensiva), y transformarla en una herramienta dinamizadora e impulsora de los cambios sociales.

4. Profundizar la solidaridad de clase para vencer el individualismo y egoísmo generado por la ideología imperante, poniendo en el centro de la lucha la igualdad de condiciones y necesidades que tenemos para recuperar la identidad de clase y el papel protagónico que los sectores sociales deben tener dentro de la lucha social, estimulando la autonomía y la independencia respecto a las políticas del Estado y los defensores del capitalismo y la institucionalidad impuesta. En este sentido, concebimos el tema de los derechos humanos con una visión integral, extendido a los aspectos económicos, sociales y culturales como un contenido importante del quehacer para el período.

5. Apuntar a la consecución de objetivos por medio de la práctica concreta, real. En este sentido, el concepto de “inserción política” debe ser completado con el de “incidencia política”, pues no basta estar presente en un sector social sino se tiene la posibilidad de generar cambios en la realidad; hay que orientarse hacia una conducción más política, que se exprese en el estímulo de las reivindicaciones, la educación, información y difusión como quehacer permanente, el desarrollo de organización y movilización.

Sobre la política de alianzas
La alianza es la unión temporal (a corto, mediano o largo plazo) que se establece entre grupos sociales o políticos para llevar a cabo una lucha por intereses comunes. Por tanto para poder llevar a cabo este proceso hemos establecido criterios generales que nos permitan contar un definido marco orientador a la hora de tomar decisiones en este ámbito:

1. Como primer punto nuestros esfuerzos tienen que estar dirigidos a desarrollar y potenciar a los diferentes sectores sociales, por lo que se debe priorizar el concepto de convergencia.

2. Hay que saber distinguir entre alianzas tácticas, las que se realizarán con quienes tengamos objetivos inmediatos en común, privilegiando los objetivos por sobre los medios, y alianzas estratégicas con aquellas organizaciones con las cuales compartamos objetivos a largo plazo, en nuestro caso, alcanzar la revolución socialista.

3. Las políticas de alianza deben ser coherentes con los fundamentos o principios políticos de la propia organización, es decir su línea, programa y métodos.

Con todas estos criterios y objetivos orientamos el trabajo de construcción en los diversos territorios y sectores. La forma o el instrumento con que este trabajo se materialice debe ser consecuente con las consideraciones, objetivos y criterios generales ya mencionados, y corresponder a un análisis o diagnóstico concreto de la situación territorial o sectorial, actuando de acuerdo a su realidad específica, no absolutizando ni copiando experiencias de manera automática.

La dura realidad que le ha tocado vivir a los sectores revolucionarios, la crisis de proyectos, el aislamiento, el aniquilamiento hasta la dispersión y el alejamiento de la base popular, nos obliga hoy a considerar todos estos aspectos como fundamentales para nuestra lucha política e ideológica en relación con la naturaleza de las transformaciones y el papel protagónico que le cabe en esto al movimiento popular.

¡Hasta Vencer o Morir!

Frente Patriótico Manuel Rodríguez
Chile, diciembre del 2002.

Conclusiones del eje temático nacional
de nuestro nuevo proyecto político.