Acá estamos y seguiremos estando

Al concluir el año, quedan en evidencia algunas situaciones relevantes a la hora de analizar y proyectar la correlación de fuerzas políticas y sociales en Chile. En primer lugar, podemos definirlo como un punto culmine del proceso de consolidación y consenso neoliberal, mediante la convergencia de las instituciones políticas y los intereses de los grupos económicos nacionales y transnacionales.

El 2006 les fue bien a los poderosos, entre enero y septiembre las utilidades del sector bancario fueron de U$1.303 millones, lo que equivale a casi 700 mil millones de pesos. Sin embargo, mientras la banca registra un récord histórico de ganancias, un 60% de los chilenos son, según estadísticas oficiales, pobres o extremadamente pobres. La mayoría de los trabajadores chilenos vive en la inestabilidad y la incertidumbre, según un estudio de la Universidad de Chile un 47% de los cotizantes tiene contratos temporales; y un tercio del total no dura ni un año en su puesto, lo que los excluye de cualquier derecho a indemnización o a seguro de desempleo, que son privilegios que se lleva el 20% más rico, que consiguen el 66% de las indemnizaciones por años de servicio. Estos son los que llegan a firmar un contrato de trabajo, porque los que sobreviven en el sector informal solo consiguen algo para sobrevivir al día.

En otro sector clave de la economía, con un precio del cobre promediando históricos 2,99 dólares la libra en los primeros 9 meses del año 2006, las mineras privadas literalmente se dieron un festín. Según los resultados entregados por las compañías a la Superintendencia de Valores y Seguros, las grandes mineras privadas obtuvieron hasta el mes de septiembre ganancias por nada menos que 11.410 millones de dólares, ganancia récord que supera en más de 2 mil millones todas las utilidades de 2005. De esta cifra, un 36% (4.127 millones) corresponde a La Escondida, la productora de concentrados de cobre más grande del mundo, controlada por la angloaustraliana BHP Billiton. Los recursos naturales y la mano de obra chilena siguen engrosando los bolsillos de los accionistas extranjeros.

Para rematar con broche de oro esta tendencia, el Gobierno, representado tanto por Michelle Bachelet como por su ministro de Hacienda, Andrés Velasco, hizo a fines de noviembre una serie de anuncios en el marco de ENADE (Encuentro Nacional de la Empresa) 2006 que reunió a centenares de empresarios, y ante el cual el gobierno hace nuevas concesiones en pos de aumentar las tasas de ganancia patronal.

En el ámbito laboral, anunció que se fortalecerán los mecanismos de flexibilidad, como la contratación por hora y la realización de contratos adaptables a las necesidades de empresarios y trabajadores. A la vez anunció reformas al mercado de capitales, incluyendo una ampliación por cinco años de los beneficios asociados a la Bolsa Emergente y exenciones tributarias para la inversión en capital de riesgo.

Estas medidas son fieles a la ortodoxia del crecimiento económico y el “superávit estructural” (es decir no aumentar el gasto fiscal), que no sólo fue el criterio para enfrentar ciclos de caída, sino que es el funcionamiento permanente de este modelo dependiente que beneficia principalmente a los inversionistas y grandes empresarios.

Lo que se ha visto también es que los índices de pobreza no bajan aunque disminuya el desempleo, es decir la pobreza se mantiene en el sector asalariado, donde los bajos sueldos de los trabajadores expresan el nivel de concentración de la riqueza y la propiedad que hoy día existe, un dato concreto que nos indica hacia dónde apunta y para quién trabaja la economía.

Intereses populares versus los del gobierno
La segunda situación a analizar, es el abismo existente entre los intereses del bloque en el poder respecto a los de la mayoría del pueblo, que en el caso de los partidos oficiales los ha hecho convertirse en aparatos electorales que disputan base social sólo con esos fines, administrando cuotas de poder en su propio seno.

Uno de los efectos de esta situación son las contradicciones que han logrado socavar, a unos meses de iniciado el nuevo gobierno, la táctica concertacionista que busca renovar y fortalecer las bases de legitimidad política y social del modelo atenuando las consecuencias de la desigualdad en sus formas más extremas, para acrecentar la legitimidad y la “integración” social a un modelo socioeconómico esencialmente injusto.

El perfil apolítico y “técnico” del gobierno de Bachelet, en el gabinete y en las diversas comisiones, consejos y "agendas cortas" que se han conformado para dar respuesta a los diversos conflictos sectoriales, ha sido una respuesta ineficaz, que incluso está restando base de apoyo al gobierno, y acelera también tendencias disociadoras dentro de la propia Concertación.

A esto contribuye el destape de las denuncias sobre corrupción y robo en “Chile Recortes”, o el desvío de fondos públicos para campañas electorales, y hoy vemos a la derecha fascista haciendo gárgaras de manera oportunista sobre la corrupción, cuando dicho sector es parte de la repartija tanto como la Concertación. Porque en última instancia la corrupción no es más que otra forma –no legalizada- de la injusta distribución de la riqueza que cruza a toda la sociedad. Son los trabajadores los que producen la riqueza nacional, la cual es apropiada por una minoría patronal o estatal, esa es una forma de robo o “desvío de fondos” que sí esta legalizada y legitimada por el bloque en el poder.

En definitiva, todo lo anterior puede reordenar el mapa político nacional, acercando las tendencias más reaccionarias dentro de la Concertación hacia las más “liberales” de la derecha, de la misma manera que el denominado “progresismo” se esfuerza en integrar al Partido Comunista al sistema político. Todo lo anterior muy por encima de las urgencias reales del pueblo no sólo en sus demandas sino también en sus formas de organización y lucha contra el modelo y sus consecuencias.

La movilización social como factor
El tercer aspecto para evaluar y proyectar en el 2007, es que la movilización social en distintas zonas del país y con diversos niveles de organización y politización de sus reivindicaciones, da cuenta de una mayor capacidad de resistencia mediante la organización y la acción directa, incluso con dosis de violencia social, como formas de lucha eficaz en la defensa de los derechos sociales de trabajadores, estudiantes, pobladores y pueblo mapuche, en la convicción que las instituciones de este Estado no son capaces de ofrecer solución a sus demandas.

En este sentido, la ya mencionada distancia entre la lógica institucional y las demandas sociales ha acrecentado la organización popular venciendo la desconfianza, la apatía y la resignación que parecían ser la tónica luego de los 90. Aunque todavía circunstanciales y desvinculados entre sí, movimientos como el de los estudiantes secundarios, los deudores habitacionales, los trabajadores subcontratados y otros movimientos de carácter más local como los pescadores artesanales, pobladores sin casa, comuneros mapuches, trabajadores del salmón, etc., renuevan la confianza en la organización y la acción colectiva como forma de resolver sus problemas o presionar al Estado, sus instancias intermedias, así como a las patronales, logrando mejores condiciones a la hora de negociar acuerdos en pos de sus objetivos, en el marco de la lucha reivindicativa, logrando en algunos casos específicos impulsar reformas de carácter político (caso estudiantil por ejemplo).

En general estos son aún movilizaciones sociales puntuales y no exentas de espontaneismo, pero sus bases y dirigentes están acumulando experiencias y sabidurías, debiendo enfrentar la indiferencia, los intentos de manipulación y represión del gobierno, y la censura de los medios de comunicación de masas.

Hay sectores sociales que están virando instintivamente hacia posiciones que cuestionan el sistema, pero no se cuenta aún con una organización fuerte y cohesionada en torno a contenidos de escala nacional, o con la suficiente conciencia e independencia política de clase, y por eso pueden verse infiltradas por intentos de manipulación de parte de proyectos reaccionarios, reformistas o revisionistas que desarman ideológicamente al pueblo y nada tienen que ver con sus necesidades e intereses objetivos. Debemos estar claros que a falta de una organización y de una dirección política consecuente, la lucha social se verá superada o será capitalizada por dichas posiciones que cambiaran algo para que nada cambie.

Por lo mismo. el deber de las organizaciones revolucionarias no debe limitarse a ser parte activa de las luchas sociales, sino aportar a la creación de conciencia y organización, incorporando al proceso a más sectores y desarrollando una firme lucha ideológica en el seno del pueblo, combatiendo las posiciones conciliadoras y oportunistas, derrotando el escepticismo y la dispersión, fortaleciendo la moral combativa y convirtiendo las luchas aisladas y reivindicativas en luchas centralizadas de carácter político.

Estas son hoy nuestras tareas más importantes. Los Rodriguistas ya caminamos por esta senda, hemos crecido y nos hemos fortalecido en este proceso, así como también hemos detectado nuevas falencias y desafíos, pero lo concreto es que a pesar de los deseos de algunos, acá estamos y seguiremos estando...