Rafael Escorza Henríquez, miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR),
detenido desde el 28 de marzo de 1992 y con más de 10 años en prisión, es uno de
los 41 presos políticos que aún se encuentran detenidos desde el inicio de la
democracia "a la chilena".
Rafael cumple una condena de 20 años por su participación en el secuestro de
Cristián Edwards, hijo del empresario Agustín Edwards, director de El Mercurio y
uno de los "cerebros" del golpe militar de 1973 y la conspiración contra
Salvador Allende. Cristian Edwards fue secuestrado por el Frente Patriótico
Manuel Rodríguez (FPMR) y posteriormente liberado sano y salvo.
Rafael Escorza se encuentra recluido en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) de
Santiago, en el Módulo H-Sur. Tuvo la oportunidad de fugarse en helicóptero a
finales de 1996 junto a sus compañeros rodriguistas que huyeron en una
espectacular fuga. Decidió quedarse para acompañar a su compañera, María
Cristina San Juan gravemente enferma y, en ese entonces, detenida en el Hospital
de la ex Penitenciaría.
Rafael Escorza, al igual que los demás presos políticos fue sometido a torturas
y evidentes faltas a un debido proceso en su juzgamiento. La mayoría de las
causas han sido vistas y sancionadas por Tribunales Militares, castigados varias
veces por un mismo hecho: la aberrante herencia legal dejada por el impune
Pinochet.
En el actual contexto en que los presos políticos sobrepasan, en su gran
mayoría, los 10 años de prisión, se discute, silenciosamente, un proyecto de ley
que eventualmente los dejaría en "libertad condicional" en caso de ser aprobado,
pero que, en ningún caso repara todas las aberraciones jurídicas con las que se
les condenó. Incluso, de aprobarse el proyecto debieran permanecer 5 años más
bajo arraigo o "libertad condicional". Este proyecto tampoco pondrá fin a la
situación que viven cientos, sino miles, de perseguidos políticos de la época de
Pinochet y de los gobiernos de la Concertación, quienes deberán seguir en la
clandestinidad, el extrañamiento o el exilio.
Este es parte de un cuestionario que le hicimos llegar a Rafael Escorza para
hablar de la prisión política y de la negación de justicia, entre otras materias
y que gentilmente nos respondió desde el encierro que no impide que su voz se
multiplique por el viento.
-¿En qué contexto son detenidos los prisioneros políticos de la Concertación?
-Al advenimiento del primer gobierno "democrático", dirigido por Patricio Aylwin
y la Concertación, nosotros postulábamos que sólo había cambiado el
administrador del sistema y, por ende, la lucha del pueblo debía continuar;
inmersos en el tráfago de la lucha contra la dictadura no nos percatamos que la
inmensa mayoría del pueblo y sus organizaciones habían sucumbido al canto de
sirena ("derrotaremos a la dictadura con un lápiz") que se inclinaba por una
"solución" aparentemente más fácil. Lo que nos diferenciaba de la Concertación
era que ellos sólo pretendían la salida del dictador, nosotros, además de ello,
queríamos el cambio del sistema imperante en lo político y económico, por ello
continuamos nuestro accionar, lo que finalmente redundó en nuestra prisión.
-Luego de trece años de gobiernos "civiles", ¿Chile retornó a la plena
democracia?
-Producto de las negociaciones para el traspaso de mando entre personeros de la
dictadura y de la Concertación, todo esto a espalda del pueblo, es que en Chile
no se vive una democracia plena. Se nos impuso, mediante una Constitución
espuria, una democracia tutelada que permite enclaves dictatoriales y da
preponderancia a los poderes fácticos expresados en el Consejo de Seguridad
Nacional, el Tribunal Constitucional, el rol de garantes asignado a las Fuerzas
Armadas, etcétera. Además, un sinnúmero de acuerdos, producto de dichas
negociaciones, impide que en Chile exista una plena democracia.
-¿Qué entiendes por democracia?
-La democracia que propongo es aquella en la cual el propio pueblo es conductor
de su destino, y las decisiones que se adoptan son producto de una amplia
discusión del pueblo en su conjunto, a través de diferentes formas de
organización establecidas, con poderes que le permitan controlar y sancionar a
las autoridades elegidas, cuando se apartan del para qué fueron electos, y no
como sucede en las "democracias representativas" de la actualidad, en donde al
pueblo sólo le esta permitido elegir (única forma de participación) a las
autoridades que dirigirán el país.
-Patricio Aylwin estableció la "justicia en la medida de lo posible", lo que ha
significado en la práctica mano blanda para los militares y para los
conspiradores del golpe militar de 1973, ¿por qué crees, que esta seudo
democracia se ha ensañado con los prisioneros políticos?
-El ensañamiento con el que hemos sido juzgados y condenados tiene que ver con
una decisión política para evitar, en el futuro, la posibilidad de que sectores
sociales al ver que lo prometido por la Concertación ("la alegría ya viene") no
se cumplía, pues no estamos viviendo en democracia, se volcara en una lucha
radicalizada y antisistémica. Por tanto, el tratamiento dirigido hacia nosotros
era un mensaje subliminal a la población. Todo aquel que osare disentir y
enfrentar al sistema recibiría igual trato que el nuestro. Además, debían
demostrarle a los poderes fácticos que podían manejar la situación. No
trepidaron en usar la represión y una "guerra sucia" (torturando, montando
operativos falsos, simulando falsos enfrentamientos, etcétera) al más puro
estilo dictatorial, vulnerando, incluso, su tan mentado Estado de derecho.
Tuvieron que catalogarnos como terroristas -ninguna acción de los grupos
revolucionarios llámese FPMR, MAPU-Lautaro, MIR, etcétera, tuvo ese carácter-,
para poder justificarse ante el pueblo y así legitimar su accionar respecto a
nosotros.
-¿Por qué la justicia es tan complaciente con algunos y con los prisioneros
políticos es tan severa?
-Hay que tomar en cuenta que el Poder Judicial es un poder del Estado que,
además, forma parte del sistema, por tanto, y a pesar de su tan alardeada
independencia, obedece y se hace parte de la política aplicada por quienes
manejan el sistema actual. Cuando digo esto, no sólo me refiero al gobierno,
sino que abarco a los poderes económicos y fácticos, pues la composición de los
más altos grados de la magistratura son determinados por el Poder Ejecutivo, con
consulta al Poder Legislativo. Por lo tanto, la tal independencia se ve
vulnerada en virtud de la generación de los cargos. La obsecuencia demostrada
por el Poder Judicial durante la dictadura avalan lo anteriormente dicho. En la
actualidad, existe una sensación de un avance en la administración de justicia
pero respecto nuestros casos simplemente han cerrado fila con los
administradores del poder y no han trepidado en hacer prevaler la postura
clasista y represiva del sistema. Hemos sido condenados por simples
"presunciones", por "declaraciones extrajudiciales" obtenidas bajo tortura, en
fin, ninguno de nosotros tuvo un justo proceso: había que condenarnos sí o sí.
Jueces, diputados, senadores, persones de gobierno y muchos políticos de
diversos partidos -en privado- reconocen las aberraciones de que fuimos objeto
en nuestros procesos, pero nunca han sido capaces de recocerlo públicamente.
-Nuestra sensación es que no existe, hasta este momento, real "voluntad
política" de resolver la injusta situación de los Prisioneros políticos. ¿Cuál
es tu análisis? ¿Cuál es la manera de resolver el tema?
-Antes de todo, nuestra libertad debiera obtenerse por medio de la fuga o a
través de un movimiento que involucre vastos sectores políticos y sociales,
exigiendo nuestra salida. Ante la inviabilidad de ambas posibilidades quedamos
sujetos a una "voluntad política" de aquellos que detentan el poder, y del mundo
político (léase diputados y senadores, y las jefaturas de los partidos políticos
de la Concertación y Alianza por Chile).
Ciertamente aún no existe esa "voluntad política", aunque hay que reconocer que
hace aproximadamente un año que la Iglesia Católica viene trabajando para
generar las condiciones para que esa voluntad se plasme. Sectores de la derecha
-UDI, quizá con que aviesas intenciones-, parlamentarios de la Concertación y
algunas personalidades, han expresado estar dispuestos a buscar una solución a
la problemática de la prisión política. El gobierno plantea que si bien es
cierto estaría de acuerdo no tomaría la iniciativa, lo que vendría a configurar
una posible concretización de esa voluntad política y por ende nuestra libertad.
Pienso que esta iniciativa debería concretarse este año 2003, pues el próximo
2004 se entra en período electoral (municipales), y el 2005 son las elecciones
parlamentarias y presidenciales, lo que dificultaría un acuerdo sobre la
materia, en virtud de cálculos mezquinos respecto del costo político que
pudieran asumir.
La forma de resolver este tema, debiera ser generando un movimiento como el que
planteé al comienzo, en virtud de estar en "mejor posición" de exigencia de
nuestra libertad, y no quedar a merced del poder, como lo estamos hoy, ya que,
aunque inviable, esta forma sería la correcta.
-¿Qué opinión y reparos le merece la propuesta del senador socialista José
Antonio Viera-Gallo?
-Cuando me hablas de la propuesta de Viera-Gallo, asumo que te refieres al
Proyecto de Ley. En el inciso 2° del Artículo Nº 2, dicho proyecto, en lo
medular propone que asumamos "un compromiso inequívoco de renuncia al uso de la
violencia como método de acción política". Al respecto, creo que dicha propuesta
revela lo que expresaba en la respuesta anterior, pues estamos a merced de sus
exigencias. No tenemos la fuerza suficiente para oponernos a dicha iniciativa y,
por lo tanto, es poco o nada lo que podemos hacer. El señor Viera-Gallo antes de
exigirnos renunciar a la violencia en el accionar político, debiera exigir al
gobierno que elimine la política represiva. La represión ejercida por el Estado
es violencia política, con el agravante de que los medios empleados para
ejercerla son absolutamente avasalladores. Olvida además el señor Viera-Gallo
que el uso de la violencia en el accionar político no obedece a "capricho" sino
que al grado de agudización de la confrontación. Los revolucionarios no somos
violentos per se. Debo recordarle al señor Viera-Gallo que producto del uso de
la violencia como método de acción política durante la dictadura, él puede estar
donde está. Nosotros expusimos nuestras vidas y hemos sido consecuentes hasta
hoy. Cometimos errores pero nadie puede venir a decirnos que fuimos traidores.
No nos aprovechamos de nadie en virtud de alcanzar nuestras metas.
-¿Cuál es su situación personal?
-Estoy próximo a cumplir 11 años en prisión, y condenado a 20 años. Asumo como
costo por mis acciones el ser actualmente un prisionero político, lo que no
significa renegar de mi pasado. Muchos podrán no compartir mi forma de luchar,
pero la justicia de mis aspiraciones son inequívocas. Luchar por una sociedad
mas justa es lo mas bello que puede sucederle a un ser humano. Un saludo
fraterno y revolucionario a todos aquellos que se movilizan por nuestra
libertad. Es alentador constatar el apoyo que nos brindan.
LIBERTAD AHORA A LOS PRESOS POLITICOS
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