LAS DEMANDAS POPULARES Y EL PROYECTO DEL FPMR

Nuevamente el oficialismo festeja las cifras del crecimiento económico y el supuesto "fin del estancamiento", mientras los trabajadores y el pueblo en general aún se ven privados de salarios dignos, el acceso oportuno y de calidad en la salud, la educación y la vivienda, la cultura y la recreación, que son la base de una vida digna y mejor no sólo en los aspectos materiales, sino también en los espirituales y culturales La conquista de estos derechos sólo podrá hacerla un pueblo organizado en cada sector social, que se congrega y moviliza en torno a sus aspiraciones y necesidades más urgentes y sentidas en lo económico y social, las cuales sólo podrán ser satisfechos en el marco de una nueva democracia del pueblo.

Son estas demandas las que nutren el programa y plataforma de lucha del FPMR, un Programa Patriótico de Desarrollo que lucha por alcanzar una auténtica soberanía popular, una democracia que interprete y defienda los derechos y la participación de los trabajadores y el pueblo en general, donde los derechos políticos no sean acaparados por el poder del dinero y la propiedad. Esto implica terminar con la Constitución de 1980, y avanzar hacia una nueva constitución que represente las grandes aspiraciones del pueblo, una plena soberanía popular expresada en un Estado responsable en los hechos de la satisfacción de las necesidades básicas de la población como el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación. Esta tiene que consagrar la preservación del patrimonio nacional, sus riquezas naturales y bienes, y garantizar el derecho a la participación informada de la población en las decisiones sobre el rumbo del país.

En lo económico, luchamos por una política que erradique el modelo neoliberal y se ponga al servicio de las necesidades de la población, para lo cual no bastaría que el Estado reconozca constitucionalmente su responsabilidad sino además asegurar materialmente el cumplimiento de esta. Para ello es imprescindible implementar una economía de carácter planificado y una estrategia de redistribución de los ingresos y la riqueza nacional, superando en lo inmediato las secuelas de la crisis económica, revirtiendo el desempleo, permitiendo el acceso igualitario a una salud, educación dignas y gratuitas, y resolviendo el problema del endeudamiento de millones de chilenos en la vivienda y los servicios básicos.

Una política de industrialización del país que destine grandes inversiones en la investigación científico técnica, como en las zonas con ventajas comparativas. También el resguardo a la micro, pequeña, mediana industria nacional. Uno de los primeros pasos de esta política será la recuperación de la capacidad productiva del país y la defensa de los recursos naturales, para lo cual es necesario antes que todo poner fin inmediato a todas las privatizaciones de empresas e instituciones estatales, revisión de los resultados de las ya realizadas, fin a la entrega de la infraestructura, proyectos mineros, pesqueros y forestales a empresas transnacionales.

Una política en pos de recuperar la soberanía e independencia del país en términos económicos, que le permita cumplir cabalmente sus objetivos, para ello es indispensable trabajar en la perspectiva de una correlación de fuerzas para el no pago de la deuda externa. Desde el punto de vista económico y moral, continuar pagándola constituye un atropello a la dignidad y soberanía nacional. A esto hay que agregar el hecho de que los países subdesarrollados como Chile deben cumplir con los pagos de la deuda, aún en períodos de crisis económica, lo que entre otras cosas significa que la burguesía intensifica la explotación de los recursos naturales, acercándose peligrosamente a los límites impuesto por la naturaleza, implicando esto, un alto grado de depredación y de transferencia de soberanía.

En lo social, luchamos por una política que siente las bases para generar una capacidad permanente del Estado de asegurar el acceso de todos los chilenos a servicios y derechos fundamentales, terminando con su carácter mercantil.

Estas metas generales implican propuestas concretas y específicas tendientes a desmantelar el modelo explotador y a crear la base material de nuevas y más justas relaciones sociales. Estas propuestas son parte del proyecto político del Frente, y entre estas destacamos algunas de las más importantes en el campo económico y social:

• Una drástica reducción del gasto militar, paso indispensable para lograr que el Estado cuente con recursos que le permitan cumplir su responsabilidad con el desarrollo armónico del país. En este marco, hay que suspender las compras de armamentos, mientras millones de chilenos sufren a causa de la cesantía y la pobreza.

• Un plan de impuestos progresivos y directos, que transfiera recursos desde los sectores de ingresos más altos, particularmente del 10% de las familias más ricas que perciben el 46% del ingreso. Dicha política debe partir por elevar al menos a un 20 por ciento el impuesto a las utilidades de las grandes empresas, poner un impuesto patrimonial para los poseedores de activos superiores al millón de dólares; y disminuir el IVA en los alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad, elaborándose una nueva canasta básica alimenticia liberada de este impuesto.

• Declarar la moratoria de los dividendos de los deudores hipotecarios cesantes, suspensión de los remates y apremios de las cobranzas, condonación del pago de agua potable, electricidad, gas y extracción de basura, eliminar el cargo fijo de las tarifas de servicios básicos.

• Reajuste de los salarios superior al aumento de la productividad, el aumento de sueldo debe provenir de las ganancias empresariales, las cuales son producto del trabajo de los chilenos. Que el costo del aumento lo paguen los patrones, solo así se produce un efecto redistributivo. De todas maneras, los salarios debieran tener un piso equivalente al doble del actual sueldo mínimo.

• Una nueva nacionalización de los recursos mineros, como la expropiación a los intereses del capital financiero.

• Se deben establecer impuestos a las grandes utilidades obtenidas por las empresas privatizadas, particularmente las de servicios públicos como la electricidad y la telefonía, en la perspectiva de que el Estado trabaje para gestar o recuperar su capacidad en la producción, generación y distribución de la energía y las telecomunicaciones.

• La gratuidad del servicio de salud pública, masificación y fortalecimiento de los policlínicos en las zonas urbanas y rurales.

• Garantizar el acceso efectivo y gratuito a la educación pública en todos sus niveles, lo que en concreto significa que los niños y jóvenes no abandonen los estudios por razones económicas (rechazo al trabajo infantil). Esto implica una Reforma Educacional que en sus aspectos académicos como administrativos desmantele el actual sistema educacional, configurado desde el neoliberalismo (por ejemplo la eliminación del financiamiento compartido, que permite lucrar con la enseñanza a costa del aporte estatal, como la configuración de una nueva Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza LOCE). Esta nueva reforma debe ser el reflejo de un Proyecto de Desarrollo acorde con las necesidades, expectativas y participación del conjunto de la población. Esto permitirá dar una continuidad hacia la enseñanza superior, donde los que accedan sean definidos por sus reales capacidades, las cuales no sean el resultado, como en general ocurre en la actualidad, de las condiciones y contradicciones socio-económicas.

• Dentro de este marco, recuperar el papel que le compete a la Universidad en cuanto a su aporte a la sociedad, lo que involucra sacarla de la lógica mercantil que la ha transformado en una "empresa" más del sistema. Junto con ello, y como apoyo a un proceso industrializador, el Estado debe recuperar o reconstruir el Instituto Nacional de Capacitación (INACAP).

• Una nueva legislación laboral que tenga como centro el derecho al trabajo, a la organización sindical, a la negociación colectiva por rama de la producción y a la huelga, incluidos los trabajadores del campo (temporeros). Paralelo a ello es imprescindible la generación de un movimiento nacional de trabajadores, de carácter clasista, autónomo del gobierno, los partidos que lo conforman o sus opositores, y el aparato del Estado.

• Reestructuración completa del sistema previsional, la que debe comenzar con una estricta regulación y control al actual sistema de fondos de pensiones (AFP), el cual se basa en el ahorro obligatorio para los asalariados (y voluntario para los burgueses) y el cobro de comisiones por la "gestión" de esos recursos. Este es un negocio que entrega cuantiosas sumas al control de los grandes consorcios, un sistema antidemocrático que ha tendido rápidamente a la concentración, y hoy las 5 mayores AFP controlan más del 90% de la propiedad. Por tanto, este sistema hay que democratizarlo y ponerlo al servicio del desarrollo nacional ya que se sostiene en el salario de los trabajadores chilenos.