Las familias pobres en Chile, es decir aquellas que viven mensualmente con $43.712 en zonas urbanas, y con $29.473 en zonas rurales, y las familias indigentes que viven con $21.856 en zonas urbanas y con $16.842 en el mundo rural, suman un total del 20% de la población . Por otro lado la cesantía fluctúa alrededor del 10%, y el desempleo en los jóvenes se aproxima al 28%. Los sectores que ganan alrededor del salario mínimo como sueldos cercanos al mínimo corresponden 24%. Y para finiquitar, el 10% de la población de menores recursos recibe sólo un 1,2% del ingreso total, mientras el 10% más rico se apropia el 47%. (1)
Todas estas razones y miles de males más del capitalismo neoliberal imperante, son causas suficientes para replantearse la necesidad de una nueva política de industrialización que supere al capital privado y sus mezquinos intereses. Los rodriguistas estamos por una política que junto con luchar contra el sistema que explota y desmantela nuestro país, integre al horizonte programático de la construcción popular en curso, esta apremiante necesidad estratégica. Un proyecto de industrialización que destine grandes inversiones tanto en la investigación científica como técnica. Que avance en la industria de alimentos e industria de medios de producción, para romper la subordinación y dependencia tecnológica de las grandes potencias, lo que incluye fomentar y desarrollar el mercado interno. Esto permitiría la creación de empleos productivos con mayor valor agregado, instalando las empresas estatales en regiones y comunas, atendiendo las demandas de subsidio y ayuda crediticia y técnica a las micro, pequeñas y medianas empresas, que en la actualidad son arrasadas por los capitales de los grandes empresarios imperialistas extranjeros, como de aquellos que hoy venden la patria al mejor postor.
Los que se oponen a este propósito son justamente el mismo gobierno, la derecha y los grandes empresarios, por la sencilla razón que no es posible defender hoy la soberanía y los intereses nacionales, sin construir al mismo tiempo el Socialismo, cuestión que les produce terror, a pesar que las fuerzas de la historia van irreversiblemente en esta dirección.
Un proceso de esta envergadura para que sea viable, debe fundamentarse en un Proyecto Patriótico de Desarrollo que exija una nueva nacionalización de los recursos mineros, que incluya la expropiación de todos los recursos naturales de las garras del capital financiero; recupere las empresas de servicios públicos como la electricidad, agua potable, la telefonía, etc. Es decir, salvar a nuestro país de las garras imperialistas, comenzando por no pagar la deuda externa que constituye un atropello a la dignidad y soberanía de los países pobres como el nuestro. Significa incentivar la solidaridad, la unidad y el intercambio económico con los países de la región, en particular los del Cono Sur de América, integrándose a los nuevos proyectos de cambio que se implementan hoy a nivel continental, en oposición a los permanentes intentos Norteamericanos y Europeos de anexar nuestras economías.
Un Proyecto Patriótico de Desarrollo implica la gratuidad del servicio de salud pública, masificación y fortalecimiento de la salud en las zonas urbanas y rurales; significa el derecho a la vivienda y solución a los deudores habitacionales. Un proyecto así concebido, es el único que garantiza el acceso efectivo y gratuito a la educación pública en todos sus niveles, lo que en concreto significa que los niños y jóvenes no abandonen los estudios por razones económicas (rechazo al trabajo infantil). Marco dentro del cual también está la exigencia de recuperar el papel que le compete a la Universidad en cuanto a su aporte a la sociedad, lo que involucra sacarla de la lógica mercantil que la ha transformado en una “empresa” más del sistema.
Es también la posibilidad de contar con una nueva legislación laboral, que tenga como centro el derecho al trabajo, a la organización sindical, a la negociación colectiva por rama de la producción y a la huelga, incluidos los trabajadores del campo (temporeros). Paralelo lo cual es imprescindible la generación de un movimiento nacional de trabajadores, de carácter clasista, autónomo del gobierno, los partidos que lo conforman o sus opositores, y el aparato del Estado.
Lo anterior exige además, un completo cambio del sistema previsional, lo que debe comenzar con una estricta regulación y control al actual sistema de fondos de pensiones (AFP). Negocio que entrega cuantiosas sumas al control de los grandes consorcios, con un total de 32 mil 381,15 millones de dólares, equivalente casi al 50% del PIB nacional, y del cual los supuestos beneficiarios del sistema no tienen ningún control. Prueba de ello es la creciente inversión en el exterior por parte de las AFP, es decir el salario de los trabajadores se transforma en capital para la especulación en el extranjero. Este es un sistema antidemocrático que ha tendido rápidamente a la concentración, y hoy las 5 mayores AFP controlan más del 90% de la propiedad. Por tanto, se hace urgente una profunda reestructuración de este sistema para democratizarlo y ponerlo al servicio del desarrollo nacional, ya que se sostiene en el salario de los trabajadores chilenos. Agregando también que los mencionados fondos sean invertidos en el país para crear o fomentar capacidad productiva, nuevos empleos o viviendas.
El organizarse por las demandas populares, el defender la soberanía nacional, el luchar por la gratuidad de la salud, la educación, el derecho al trabajo, la vivienda, la industrialización de nuestro país, y por tanto, el termino de la cesantía, implica asumir el gran desafió de la construcción de un movimiento popular que se ponga a la cabeza de las luchas por la transformación social, política y económica del país. Significa construir las bases del SOCIALISMO desde hoy.
(1) (Chile: desigualdad y pobreza, Héctor Vega)
