¡¡Sólo la lucha nos hará libres!!

¡¡Hasta Vencer O Morir!!
Helicóptero de rescate

SEPARATA

El Rodriguismo hoy

Síntesis Tercer Eje Temático (extracto)

¡Sólo la lucha nos hará libres!Nuestro actual proyecto surge de cara a la realidad y condicionado por ella, se basa en principios y valores que guían nuestras aspiraciones para aportar en la construcción de una sociedad justa y libre. Ratificamos nuestra actitud de rebeldía ante el sistema instaurado, los errores reconocidos por la organización en el pasado reciente no invalidaron nuestros objetivos de lucha, más bien el deber fue rectificarlos para así poder caminar hacia un mejor futuro, al que tantas generaciones han aspirado. Por ello reivindicamos y nos sentimos profundamente comprometidos con la esencia y principios que sustentaron nuestra política antidictatorial. En alguna medida nuestras acciones y su carácter —que influyeron en sectores del pueblo consciente— contribuyeron a la salida del dictador, así como otras representaron los únicos actos de justicia contra tanta represión y tortura. Por eso manifestamos que hoy existe el capital humano para avanzar; tenemos la dignidad, la moral y la consecuencia revolucionaria. No ha sido en vano tanta vida ofrecida por la dignidad y la libertad de este pueblo.

1. Fundamentos políticos e ideológicos del FPMR
El pensamiento del FPMR tiene como fundamento ideológico la concepción materialista de la sociedad, asumiendo la teoría del marxismo leninismo como nuestro principal instrumento de análisis y guía para la acción, y el Rodriguismo como la forma y la experiencia concreta de aplicación de esta herramienta en la lucha, de acuerdo a la realidad política, histórica y cultural del país.

El Rodriguismo se nutre, se identifica y busca hacerse parte de la historia de las luchas sociales, forjada con las tradiciones libertarias del pueblo mapuche; con la lucha de liberación nacional contra el dominio colonial español que encabezaron José Miguel Carrera y Manuel Rodríguez; con el pensamiento democrático-revolucionario de Francisco Bilbao y Santiago Arcos a mediados del siglo 19; con el fuerte movimiento obrero de comienzos del siglo 20, que marcó el comienzo de la lucha por el proyecto político de la clase trabajadora chilena, con Luis Emilio Recabarren como su primer gran dirigente; con el Gobierno de la Unidad Popular como el primer intento de transición del capitalismo al socialismo y afirmación de una estrategia de desarrollo nacional; con la resistencia y lucha contra la dictadura militar en los años 80 del siglo 20, que vio nacer al FPMR, que junto a otras organizaciones hermanas constituimos la expresión política y militar de la lucha del pueblo. Esto quiere decir que nosotros no fuimos los únicos ni los primeros, somos portadores de un legado, de un espíritu de rebeldía, de una historia concreta de lucha que si bien no aspiramos a reeditar de manera mecánica en el futuro, sí es y será una valiosa fuente de experiencias a tomar en cuenta para las contiendas futuras.

Nuestra concepción de la patria y el patriotismo tiene que ver con los intereses y la identidad de la clase trabajadora y en general de las mayorías dominadas y explotadas de nuestro país. En consecuencia, la acción conciente del movimiento popular, sus organizaciones revolucionarias, y todos aquellos sectores que puedan identificarse con sus objetivos en el transcurso de la lucha, son las únicas que pueden ser entendidas realmente como patrióticas. Por lo mismo, el Rodriguismo como idea ha sido y debe ser capaz de traspasar las fronteras orgánicas de la propia organización (FPMR), interpretando por medio de su política a todos aquellos luchadores y corrientes humanistas y progresistas que desde las más diversas formas y convicciones estén en contra del actual orden económico, social y político que vive nuestro país. Asimismo nos identificamos con otras expresiones populares en particular de América Latina, como la Tupac-Amarista, Bolivariana, Martiana, Sandinista, entre otras, que con sus particularidades, reflejan también esa voluntad irrestricta de no dejarse someter a ninguna fuerza imperial, a ningún tipo de explotación y dominación.

La realidad es inequívoca, hay que luchar
¡Sólo la lucha nos hará libres!La vigencia del Rodriguismo se encuentra en la realidad de un país marcado por las contradicciones propias del capitalismo: explotación y cesantía estructural de millones de tra-bajadores(as) que ven sus derechos pisoteados por la legislación laboral, jornadas de trabajo que se extienden a más de 12 horas, explotación de niños, la distribución del ingreso más regresiva del planeta junto a Brasil y México, en que el 20% más rico posee el 61% del ingreso contra el 3,3% del más pobre (Informe sobre Desarrollo Humano 2002 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo); sistemas de salud y educación excluyentes y orientados hacia el lucro, cuyo gasto público en cada uno no supera el 4% del Producto Interno Bruto; una sistemática usurpación de las tierras del pueblo mapuche para favorecer el desarrollo del capitalismo en el sector rural.

Chile es un país que ha fortalecido las cadenas de la dependencia, que no ha logrado salir del subdesarrollo acentuando el crecimiento desigual como país exportador de materias primas, proceso controlado por un puñado de multinacionales y grupos económicos. El poder de los monopolios es más amplio que en ninguna fase anterior del capitalismo chileno, menos de 10 grandes grupos del capital financiero dominan el conjunto de la economía, la cual se ha desnacionalizado debido a las privatizaciones y penetración de las multinacionales, tanto norteamericanas como europeas y asiáticas, como también por el mecanismo de la deuda externa que entrega el control del país a la tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI), haciendo del nuestro un país capitalista dependiente neocolonial, carente de poder de decisión real para trazar sus líneas de desarrollo, donde de nada sirve votar por parlamentarios o presidentes cuando las decisiones trascendentales se toman en reducidos círculos patronales criollos o extranjeros.

En las actuales condiciones históricas y políticas lo “nacional” se ha transformado en un elemento subversivo, ya que bastan pequeñas reformas para que el imperialismo se sienta amenazado en sus intereses políticos y económicos. De esta manera es imposible hoy hacer una propuesta alternativa al neoliberalismo sin enfrentar las relaciones de dominación y explotación capitalistas.

En los anteriores términos podríamos decir que el hecho político más revolucionario, bajo las actuales condiciones del país, es la decisión de enfrentar al capital financiero. La liquidación de la oligarquía financiera tendría una importancia sistémica, de impacto determinante en todos los niveles de la actual formación social. Ya que el actual desarrollo del modo de producción capitalista alcanza altos niveles de monopolización en torno a este capital. (...)

2. Carácter y objetivos de nuestro Proyecto Político
En síntesis, la causa de fondo de los problemas del país radica en la existencia misma del sistema capitalista que, a lo largo de nuestra historia ha sido incapaz de hacer avanzar a Chile en su conjunto; y que bajo el actual modelo conducido por la burguesía monopólico-financiera, ha acentuado la desigualdad social produciendo una escandalosa acumulación de riquezas en cada vez más pocas manos y una gigantesca acumulación de explotación, pobreza y privaciones en vastos sectores del pueblo.

Ante este panorama los Rodriguistas impulsamos:

Un Proyecto Revolucionario, ya que pensamos que en términos estratégicos la alternativa para resolver la contradicción fundamental que limita el progreso y el desarrollo de nuestro país, es la de un proceso de lucha revolucionaria que abra paso a transformaciones estructurales, encabezado por el pueblo y sus organizaciones, destinado a erradicar el capitalismo y a construir el socialismo en Chile.

¡Sólo la lucha nos hará libres!El camino de la transformación hacia este nuevo orden social en el país deberá enfrentar la resistencia de la clase dominante y el imperio que, a cualquier precio, están dispuestos a defender los privilegios alcanzados por años de explotación, los que se encuentran protegidos por una institucionalidad que impide a los sectores populares ocupar espacios que le permitan lograr cambios de fondo dentro de su legalidad. Un proceso con carácter continental que sólo es posible concebirlo en medio de una constante y creciente confrontación entre las fuerzas que defienden los intereses del capital y del imperio con las de un pueblo que aspira a su liberación. En su desarrollo, tal enfrentamiento -y fruto de sus propias contradicciones- se irá agudizando hasta asumir la violencia como el medio principal, llegando a transformarse en lucha armada como expresión más alta y aguda del desarrollo de la lucha de clases en un escenario en que para el movimiento popular los espacios de contienda tradicional se habrán agotado, legitimándose así como el único camino para desplazar a las clases dominantes y construir un nuevo proyecto nacional.

Un Proyecto Patriótico, ya que está orientado a construir una verdadera soberanía del pueblo en los asuntos políticos y económicos del país, hoy apropiada por el capital financiero transnacional en sociedad con los grupos económicos locales. El sello patriótico del proyecto es determinado por el carácter antimperialista de la revolución; para conquistar una auténtica Independencia, que nos permita recuperar el control de nuestros recursos naturales y reconstruir la capacidad productiva, enfrentando así la dependencia financiera creada por la deuda externa y el Fondo Monetario Internacional, y terminar con la intervención del imperialismo ya sea norteamericano o europeo en nuestra patria.

Un Proyecto Popular basado en la fuerza de la clase trabajadora, de los pobladores, estudiantes y todos aquellos sectores que se puedan sentir interpretados, como las organizaciones de los pueblos originarios, sectores medios, etc., buscando aportar a construir la alternativa de poder del pueblo, para elevar a los máximos niveles políticos del país la participación popular en una perspectiva de desarrollo independiente y soberano.

Acerca del Socialismo como objetivo estratégico
A largo plazo, tenemos aspiraciones de una sociedad justa, equitativa, democrática, solidaria e independiente. El socialismo lo entendemos como la liberación del pueblo de la explotación del capital, lo concebimos, como dijera Federico Engels, como una actividad consciente de los hombres y mujeres, como un producto de la inteligencia y creatividad humana, un sistema donde se asegure a todos los miembros de la sociedad su existencia, que además de satisfacer sus necesidades materiales garantice la libertad y pleno desarrollo de sus capacidades físicas y espirituales.

Somos testigos de los proyectos políticos y sociales en el mundo — la experiencia acumulada de éxitos y fracasos— y en consideración a ellos aspiramos al socialismo en oposición al carácter injusto y cruelmente desigual del capitalismo. Nuestra intención es abrir un camino permanente de perfeccionamiento y búsqueda de un socialismo con plena y absoluta participación de todo el pueblo en las grandes y pequeñas decisiones del país, región, provincia, localidad. La participación de las mayorías es una de las principales garantías de éxito en la construcción de esa nueva sociedad. Esto presupone el pluralismo de ideas y corrientes que dentro de los objetivos de la revolución actúan unidas tras precisas aspiraciones comunes donde las formas para lograrlas estarán en permanente discusión y perfeccionamiento. Un socialismo fundado y erigido sobre la concordia de las grandes mayorías que puedan ser representadas por fórmulas partidarias o por organizaciones sociales, territoriales y sectoriales que el propio pueblo tenga o construya.

Por lo tanto, el poder popular deberá constituir la columna vertebral del socialismo, superando anteriores experiencias burocráticas y paternalistas con el protagonismo de todos los sectores populares a través de diversos organismos de base o mecanismos de participación que garanticen la socialización y estructuración del poder político y económico, reafirmado en un tipo de Estado dotado de todos aquellos organismos, poderes e instituciones que requiera para la construcción y defensa de este nuevo sistema.

Entendemos estos pasos como anticipos de la nueva sociedad, como una sociedad en transición, y en la medida de su desarrollo éste podrá evolucionar hacia mayores niveles de igualdad, una sociedad sin clases en que el Estado se negará a sí mismo en la medida que el conjunto de la nueva sociedad, al ejercer el poder popular, asuma todas sus funciones.

Este largo proceso de búsqueda y construcción se inicia desde ya, no a partir de un eventual triunfo de fuerzas revolucionarias, por lo tanto debemos comenzar a practicar los enunciados de participación, transparencia y trabajo colectivo, en el sector, sujeto u orgánica a la cual pertenezcamos. De otra manera es poco probable que logremos ni tan siquiera atisbar ese proyectado futuro.

En sus inicios, el socialismo necesitará inexorablemente una nueva fórmula para administrar las riquezas principales del país. Son reducidos grupos tanto nacionales como extranjeros los tenedores del peso mayoritario y estratégico de estas riquezas quienes se apropian de la parte sustantiva de sus ganancias. La propiedad social sobre las riquezas de carácter estratégico unida a una política impositiva y arancelaria que tenga como centro favorecer a las grandes mayorías, define que la construcción de nuestro socialismo puede contemplar todas las formas de propiedad conocidas y las formas que puedan surgir del seno del pueblo. Las fórmulas de propiedad social no necesariamente significan la clásica propiedad del Estado, pueden existir o crearse otros mecanismos donde la sociedad organizada administre de forma colegiada la gran propiedad estratégica de la nación.(...)

Las relaciones internacionales políticas, económicas, culturales, en fin, globales, son consustanciales con el mundo del tercer milenio. Una sociedad más soberana y digna precisa de una mayor independencia frente a la existencia del imperialismo más grande y mortífero que ha existido en la historia de la humanidad. Esta soberanía e independencia solo se logrará mediante una profunda aspiración latinoamericanista y antiimperialista. Un frente común y cohesionado será la mejor forma de resistir los ímpetus y la violencia imperiales y así lograr una imprescindible relación más justa con el mundo desarrollado y sus empresas transnacionales.

Estamos convencidos que un proyecto socialista que se sustenta en aspiraciones de justicia e independencia, lesionará a la gran propiedad estratégica de reducidos grupos de poder y a los intereses del imperialismo, que no se resignarán a perder sus privilegios (como lo demuestra la historia chilena y mundial). De una u otra manera este proyecto terminará siendo agredido y aislado por el inmenso poder de la elite nacional y por los medios y recursos que el imperio posee, utilizando la violencia de manera consustancial y directamente proporcional a la magnitud de los intereses lesionados o “en riesgo”. De mantenerse entonces el actual orden de cosas en el mundo y en la región, debemos esperar que tarde o temprano cualquier proyecto con estas características será objeto de las mil formas de agresión de que tanto el imperialismo como la gran burguesía son capaces. De lo anterior se deduce que para defender y preservar los objetivos del proyecto será necesario construir una estrategia común de resistencia y un proyecto continental antiimperialista, y que luego de la conquista del poder el pueblo y el nuevo Estado se organicen para contener y aplastar la resistencia y la agresión de los antiguos explotadores.

 

3. Carácter político militar de nuestra estrategia

a) Contexto general
Como ya se mencionó, la realización de los cambios estructurales que el país requiere inevitablemente encontrará la más feroz y violenta resistencia del bloque dominante y su Estado; esa es la experiencia del golpe militar de 1973 y lo que nos tocó vivir en la década de los años 80 del siglo XX. Por lo mismo, los rodriguistas no nos hacemos ilusiones de cambios reales con el consentimiento de la clase dominante dentro de su marco institucional. La historia de nuestra Patria y de otros pueblos enseña que tales transformaciones sólo serán posibles con un camino de lucha ascendente para resolver a favor del pueblo el problema del poder político, destruyendo el viejo poder para conquistar la plena soberanía económica y política.

Este razonamiento genera la necesidad de preparar y estar preparados para el trayecto de formas tradicionales a formas superiores de lucha de acuerdo a la agudización de la lucha de clases en el país, camino que se pavimenta con un complejo proceso de recomposición de las organizaciones populares para alcanzar sus niveles históricos de lucha y de estructuración en amplios sectores con orgánicas capaces de conducir los distintos momentos del enfrentamiento durante su formación y consolidación como fuerza.

El grado de agudización de los conflictos sociales y políticos, -en estos tiempos de economías relacionadas y dependientes-, lo más probable es que estén asociados a una grave crisis económica regional o mundial. Y por el tamaño de la economía chilena, lo más seguro es que no comiencen por nuestro país. Desatada una crisis económica, que puede presentarse de las más diversas formas, y provocar hasta una crisis política, estaremos ante una situación que puede ser muy variable en su grado de profundidad, tiempos de incubación y desarrollo, así como presentarse en las más diversas formas de iniciación. Claro que la experiencia ha demostrado que cualquier crisis por muy profunda que sea puede ser superada por el sistema, sobre todo hoy cuando la transnacionalización de la economía y la política en el mundo supone una abierta y clara intervención de las grandes potencias para impedir estos conflictos en su propio nacimiento. Formas de intervención que van desde el apoyo económico de emergencia (que no hace más que agudizar la dependencia), pasando por la lucha diplomática y de inteligencia hasta distinto tipo de bloqueos o abierta intervención armada. Por ejemplo, ante una supuesta agudización de las contradicciones y que la lucha social alcance una posibilidad real de triunfo en Chile, EEUU no tendría ningún impedimento para actuar como lo ha hecho hasta hoy. Los tiempos de EEUU como gendarme mundial no serán eternos, pero por un tiempo considerable seguirá actuando como un imperio.

Por lo mismo, nuestra estrategia debe estar ligada al estado de organización y movilización de las grandes mayorías tanto nacionales como regionales. La posibilidad real de cambios profundos en pos del socialismo, obedecerá a un movimiento de transformaciones sociales y de agitación política regional y o mundial, lo que presupone una voluntad política integracionista, por ello la importancia de trabajar en un gran diseño estratégico regional. Históricamente después de las luchas por la independencia y de liberación nacional en Latinoamérica, nunca los revolucionarios pudieron establecer bases concretas para un pensamiento estratégico de liberación regional y/o continental. Este pensamiento medianamente común, con cierta conducta y accionar simultáneo en varios países de América, que responda a un enorme movimiento de masas, con las más variadas formas de enfrentamiento, es en el largo plazo condición indispensable para garantizar posibilidades de éxito y estabilidad de los procesos revolucionarios.

b) Sobre la vía revolucionaria
Considerando la experiencia y tradición de lucha de los trabajadores y el pueblo, en particular la de las protestas populares durante los años 80 del siglo 20, como también la localización de las clases y capas sociales populares principalmente en las ciudades, incluyendo la proletarización creciente del campesinado tradicional, es que nos planteamos que la vía revolucionaria de confrontación más probable será de carácter insurreccional, fruto de una acumulación global de fuerzas de tipo social, ideológica, política y militar para asegurar la derrota del gobierno y Estado opresor. No obstante lo anterior, las formas concretas de enfrentamiento se irán perfilando en la misma medida que se agudice el conflicto y es necesario estar preparados para cualquier variante que la propia dinámica y el pueblo genere.

En la perspectiva de la confrontación al sistema, se deberá transitar por diversos períodos en la acumulación y movilización de dichas fuerzas, con modalidades y énfasis particulares de combinación de formas de lucha, considerando los escenarios concretos y la correlación de fuerzas sociales, pero sin perder la perspectiva estratégica global de construir fuerzas sociales con capacidad de expresarse materialmente en pos del cambio estructural, y responder ante cualquier forma de lucha o grado de violencia.

¡Sólo la lucha nos hará libres!Nuestra Concepción Militar tiene como parámetro fundamental que somos una organización revolucionaria y por tanto debemos estar preparados para una lucha violenta en defensa de los intereses de las grandes mayorías. No nos agrada la violencia, pero consideramos una irresponsabilidad no preverla y no prepararnos para ello, ya que la historia demuestra de forma inequívoca que la oligarquía y el imperio no dudarán en masacrar al pueblo si ven amenazados sus intereses económicos. Por tanto los revolucionarios deben estar preparados ideológicamente para aceptar, argumentar y con disposición a participar, en la lucha violenta cuando la situación política así lo indique.

El objetivo estratégico de nuestra política militar apunta a construir la fuerza material en que la organización política del pueblo pueda responder a las necesidades de la confrontación armada y, al mismo tiempo, en la perspectiva de construir un ejercito que responda, defienda y represente los intereses populares. La construcción de dicha fuerza es un elemento fundamental a resolver, el movimiento revolucionario no puede esperar una insurrección popular espontánea sino que debe dirigir sus esfuerzos en el seno del pueblo para prepararla y organizarla, el movimiento revolucionario no impulsa este proceso construyendo por fuera del movimiento popular ni lo resuelve en su totalidad con aparatos “especiales”, así como tampoco debe confiar en el paso espontáneo de parte de las fuerzas armadas a las filas populares. La conducción y dirección político militar de la revolución no se forma sino en años de perseverante y difícil lucha, un largo período de agudización de conflictos con altos y bajos en los enfrentamientos que tendrán las más diversas formas de expresión. Como parte de este proceso de acumulación se deberá ir ligando la preparación militar y paramilitar del pueblo para su autodefensa y el trabajo político hacia las fuerzas armadas y policiales, para intentar construir una corriente patriótica y popular que pueda contribuir, en el contexto de la confrontación, a neutralizar el accionar de estas. (...)

4. Objetivos y contenidos principales para el período
Para alcanzar nuestros objetivos estratégicos se requiere la generación de una correlación de fuerzas sociales, políticas y militares que logre constituirse en una alternativa capaz de disputar el poder a las fuerzas dominantes. De lo anterior emerge el centro de gravedad, el objetivo fundamental de nuestra política del período, que es la reconstrucción de Movimiento Popular -principal protagonista del proceso revolucionario- por medio de un sostenido trabajo de organización social con un carácter fundamentalmente territorial, que haga posible avanzar en el desarrollo de los sujetos o fuerzas sociales, así como los escenarios favorables a la causa del pueblo. Este objetivo contiene o integra en su consecución los ejes sociales, políticos y militares de nuestro quehacer en estos tiempos que podemos llamar de construcción de un proceso hacia la revolución.

Nuestra concepción político-militar exige que estos tres ejes no sean asumidos de manera aislada, sino que en forma combinada, siendo en general tareas permanentes de la organización.

En el plano social, el fortalecimiento de la autonomía e independencia política de las organizaciones sociales en relación con los gobiernos y Estado capitalista en cualquiera de sus formas, el desarrollo de la convergencia de las organizaciones sociales en torno a la lucha reivindicativa y a objetivos comunes relativos a los trabajadores, pobladores, estudiantes, la mujer, la cultura, etc., plasmando plataformas de lucha a nivel territorial y sectorial, y también elevando el protagonismo popular. La futura expresión organizativa de este desarrollo es la creación de focos o embriones de Poder Popular a través de la acción directa de los organismos sociales y políticos en un sector, mediante asambleas, control territorial, construcción de espacios alternativos de desarrollo social, cultural y económico, entendiendo como espacio territorial a todos los sectores sociales coordinados de una zona o región: pobladores, estudiantes y trabajadores.

De esta manera se irá instalando la confrontación con el poder local (municipios) en las poblaciones, la generación de participación en organismos representativos al interior de escuelas y universidades, la organización de los trabajadores activos y cesantes, en sus espacios naturales de confluencia producto de las actuales condiciones de explotación. El tema del poder hay que ir incorporándolo a la subjetividad de la población desde la génesis de la construcción. Como herramientas concretas para estimular este crecimiento están la formación y educación popular, la agitación y propaganda, la movilización por los derechos sociales y políticos. El asentamiento territorial de esta política le da su carácter concreto a nivel local, zonal, comunal o regional, creando condiciones para impulsar coordinaciones sociales y políticas, la movilización y la autodefensa.

En lo político, el proceso de construcción del período contempla la convergencia de las organizaciones revolucionarias como una piedra angular de nuestra política, la cual sin embargo deberá lograrse a partir de nuestro desarrollo propio como organización (desarrollo en lo interno y en nuestra incidencia), como base subjetiva para una correcta y sana política de alianzas con todos los que luchen en contra del sistema establecido en una futura crisis que identifique plenamente al enemigo de toda la sociedad. Los objetivos del proceso definidos por la organización adoptan un carácter en que la flexibilidad debe ser la base de nuestra política de relaciones con todos aquellos que desde distintas posiciones adopten objetivos inmediatos y estratégicos similares a los nuestros. Mantener el esquema del sectarismo, la autoreferencialidad o la rigidez es apuntar desde el mismo inicio a un fracaso. El eslabón fundamental es lograr un diseño de sociedad, un proyecto político y social común impulsado por diversas fuerzas promotoras.

En lo militar, como parte de un proceso ascendente en nuestra lucha deberemos afrontar los embates de la represión ya sea solapada o abierta, en cada una de sus fases. Una de las tareas básicas y primarias están relacionadas con la protección física de las organizaciones sociales y revolucionarias, por lo que las normas de seguridad y preservación en contra de la infiltración es un imperativo para la reorganización en que estamos empeñados.

Por otra parte, la autodefensa y el trabajo combativo de masas representa formas de actividad política de la cual debe dotarse cualquier organización que quiera oponerse al sistema. La planificación del enfrentamiento callejero (u otros) con las fuerzas represivas en el marco de las movilizaciones es sin duda una de las tareas que tendremos que asumir en esta primera fase, pues la autodefensa popular es parte de la lucha actual, y dentro de ella caben las acciones violentas que cada sector movilizado se dé.

5. Tareas inmediatas para la construcción de Movimiento Popular: Lucha por la Dignidad Nacional
De acuerdo a la realidad del período, los primeros pasos se darán al calor de la lucha contra nuestro enemigo inmediato, es decir las políticas neoliberales y sus sostenedores. Esta lucha se basa en la defensa y conquista de los derechos humanos bajo un concepto integral, es decir los derechos políticos, económicos y sociales conculcados por el actual sistema. Al dogma del crecimiento económico se le debe oponer la idea del auténtico desarrollo del país, que permita conquistar todo lo que mejore las condiciones materiales y espirituales de nuestro pueblo, entonces luchar por la dignidad nacional deberá ser nuestra guía inmediata; luchar por todo aquello que haga la vida mejor para todos, que satisfaga no sólo aspectos estrictamente materiales de la vida, sino también el enriquecimiento de nuestro espíritu y cultura, lo que incluye la satisfacción de ser parte de un pueblo organizado que puede construir su propio destino. Estos son verdaderos granos de arena que poco a poco consolidan una vocación de transformación radical del sistema que suele verse tan lejana como inalcanzable.

El eje ordenador de esta lucha, el instrumento inmediato para la construcción, la lucha y la convergencia, es para nosotros el impulso de un Programa Patriótico de Desarrollo, propuesta del Rodriguismo que busca recoger las aspiraciones y necesidades más urgentes y sentidas por las grandes mayorías nacionales empobrecidas y explotadas por el modelo económico y social dominante.

En lo político:
Alcanzar una auténtica soberanía popular, una democracia que interprete y defienda los derechos y la participación de los trabajadores y el pueblo en general, donde los derechos políticos no sean acaparados por el poder del dinero y la propiedad. Para avanzar en este objetivo es necesario:

  • El término de la Constitución de 1980, ya que no sólo consagra un régimen político elitista que limita o restringe la soberanía popular a términos meramente formales (de hecho fue impuesta por la dictadura militar mediante fraude), sino además da sustento legal a un sistema que no garantiza en forma explícita derechos fundamentales de las personas como la salud, la educación, el trabajo, la expresión de ideas y la cultura. Por tanto, se precisa avanzar hacia una nueva constitución que represente las grandes aspiraciones del pueblo, una plena soberanía popular expresada también en un Estado responsable en los hechos de la satisfacción de las necesidades básicas de la población como el derecho al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación. Esta debe consagrar el deber de preservar el patrimonio nacional, sus riquezas naturales y bienes, y garantizar el derecho a la participación informada de la población en las decisiones sobre el rumbo del país.

  • La nueva Constitución debe establecer con claridad que el Estado está obligado a respetar y hacer respetar efectivamente los pactos y convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos, como el Pacto de Costa Rica sobre Derechos Económicos y Sociales, supuestamente vigente en Chile desde 1990, al momento de la incorporación y reconocimiento de todos los Instrumentos sobre Derechos Humanos en la actual Constitución, y que en nuestro país ha sido sistemáticamente ignorado. Si se respetara hoy dicho pacto, nadie podría quedarse sin atención de salud oportuna, y ningún niño debería abandonar el colegio por motivos económicos

  • La nueva constitución se debe elaborar mediante el mecanismo de una Asamblea Constituyente, representativa no sólo de las organizaciones políticas sino de las diversas expresiones del pueblo organizado, incluyendo las representaciones de los pueblos originarios.

  • A nivel territorial y regional, exigir la participación del pueblo en todas las decisiones que lo afectan diariamente, por ejemplo en la discusión del presupuesto y de su posterior aplicación en el ámbito comunal, es decir dotar de poder de decisión y control a los organismo de base en las poblaciones y las comunidades con respecto a sus problemas diarios (salud, educación, vivienda y trabajo). Esto incluye que los cargos de representación popular, puedan ser revocables por incumplimiento o ineficiencia.

  • Reducción y reestructuración de las Fuerzas Armadas como mecanismo que contribuiría a reducir el gasto militar y concentrar esfuerzos en las necesidades prioritarias de la mayoría de la población.

  • Junto a lo anterior, erradicar definitivamente la Doctrina de Seguridad Nacional así como el andamiaje legal que permite el rol vigilante y la injerencia de las FFAA en asuntos civiles políticos y jurídicos (Consejo de Seguridad Nacional, Justicia Militar y aparatos de “Inteligencia”), desde ya hay que trabajar en la perspectiva de que las fuerzas armadas surjan del pueblo, como defensoras de la soberanía nacional y popular.

  • Término de la aplicación y derogación de la llamada Ley Antiterrorista y de Seguridad Interior del Estado impuestas durante la dictadura militar, que sólo buscan darle al Estado actual las herramientas para penalizar y reprimir las legítimas manifestaciones de protesta y movilización social. En lo inmediato exigimos también, la libertad inmediata y sin condiciones, y el término de los procesamientos bajo dichas leyes, de los presos políticos chilenos y mapuche, así como el juicio y castigo real de todos los torturadores y criminales de lesa humanidad.

  • En el plano internacional, rechazo al ingreso al ALCA y anulación del Tratado de Libre Comercio con los EEUU y con Europa, que sólo favorecen a una minoría de financistas locales y extranjeros. Se debe exigir transparencia sobre este tipo de negociaciones, y que ningún tratado o ingreso a mercados o zonas de mercado pueda ser aprobado sin la participación informada y directa de todos los chilenos por la vía de una consulta o plebiscito, como ya se ha hecho incluso en algunos países europeos.

En lo económico, luchamos por:
a) Una política que erradique el modelo económico neoliberal y se ponga al servicio de las necesidades de la población, para lo cual no bastaría que el Estado reconozca constitucionalmente su responsabilidad sino además asegurar materialmente el cumplimiento de esta. Para ello es imprescindible una estrategia de redistribución de los ingresos y la riqueza nacional, superando en lo inmediato las secuelas de la crisis económica, revirtiendo el desempleo, permitiendo el acceso igualitario a una salud y educación dignas, y resolviendo el problema del endeudamiento de millones de chilenos en la vivienda y los servicios básicos.

  • Para avanzar en dichos objetivos hacen falta una serie de medidas básicas, la primera de las cuales, por motivos éticos, políticos y de justicia, debe ser una drástica reducción del gasto militar, paso indispensable para lograr que el Estado cuente con recursos que le permitan cumplir su responsabilidad con el desarrollo armónico del país. En este marco, hay que suspender las compras de armamentos, mientras millones de chilenos sufren a causa de la cesantía y la pobreza.

    El actual gasto del Estado en las Fuerzas Armadas resulta una verdadera sangría de recursos hacia un sector minúsculo de la sociedad, sobre la cual el resto del la población no tiene ningún control. Los aportes Estatales para el Presupuesto Militar provienen de dos fuentes: un aporte directo (Ley de Presupuesto de la Nación) o bien los que se reciben de la Ley Reservada del Cobre que entrega del 10 por ciento del ingreso total por las ventas de Codelco a las Fuerzas Armadas para destinarlos a la compra de armas y equipamiento. A lo anterior debemos agregar los gastos previsionales y de atención médica de las Fuerzas Armadas, totalmente desproporcionados e injustos en relación con la mayoría de los trabajadores chilenos, lo que se agrava debido a que la estructura actual de las Fuerzas Armadas contempla un gran número de oficiales que pasan a retiro a temprana edad (unos 47 años, con grado de coronel o capitán de navío) y que pueden optar a una jubilación cercana al 75 % de su sueldo. Por ejemplo, un coronel en retiro recibe unos 800 mil pesos de pensión, tras haber tenido un sueldo de 1 millón 200 mil.

    Cifras oficiales dicen que el gasto militar chileno equivale a poco menos del 2% del producto interno, aunque otras fuentes como la revista inglesa The Economist plantean que el gasto militar en Chile es de un 4,5 por ciento del producto, coherente con estudios que hablan de una cifra de 2 mil 285 millones de dólares al año, la que debe ser reducida en beneficio de los derechos económicos y sociales de la inmensa mayoría de los chilenos.

  • Un plan de impuestos progresivos y directos, que transfiera recursos desde los sectores de ingresos más altos, particularmente del 10% de las familias más ricas que perciben el 46% del ingreso. Dicha política debe partir por elevar al menos a un 20 por ciento el impuesto a las utilidades de las grandes empresas, poner un impuesto patrimonial para los poseedores de activos superiores al millón de dólares; y disminuir el IVA en los alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad, elaborándose una nueva canasta básica alimenticia liberada de este impuesto indirecto.

  • Plan de emergencia para apoyar a los trabajadores cesantes y de menores ingresos declarando la moratoria de los dividendos de los deudores hipotecarios cesantes, suspensión de los remates y apremios de las cobranzas, condonación del pago de agua potable, electricidad, gas y extracción de basura, eliminar el cargo fijo de las tarifas de servicios básicos.

  • Reajuste de los salarios superior al aumento de la productividad, el aumento de sueldo debe provenir de las ganancias empresariales, las cuales son producto del trabajo de los chilenos. Que el costo del aumento lo paguen los patrones, solo así se produce un efecto redistributivo. En todo caso, los salarios debieran tener un piso de al menos el doble del actual sueldo mínimo.

b) Una política que esté orientada a la recuperación de la capacidad productiva del país y la defensa de los recursos naturales, para lo cual es necesario antes que todo poner fin inmediato a todas las privatizaciones de empresas e instituciones estatales, revisión de los resultados de las ya realizadas en base a las necesidades del desarrollo nacional, fin a la entrega de la infraestructura, proyectos mineros, pesqueros y forestales a empresas transnacionales.

  • Se deben establecer impuestos a las grandes utilidades obtenidas por las empresas privatizadas, particularmente las de servicios públicos como electricidad y teléfonos. Esto se hace en la perspectiva de recuperar para el sector público la gestación de la energía y las comunicaciones.

  • Establecer una tributación de un 35 por ciento a las ganancias de las empresas transnacionales del cobre, cuyos impuestos son casi nulos o se evaden. Término o derogación de los privilegios legales a las transnacionales que invierten en la minería, el sector forestal y agroindustria establecidos por el Decreto Ley 600 (1974) y el llamado “Capítulo XIX” de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central, que han permitido por ejemplo que la compañía yanqui Exxon Mobil Corporation, dueña de la minera Disputada de Las Condes, no tributara un centavo por más de 20 años aduciendo “no registrar utilidades” a pesar de que su producción anual era de más de 250 mil toneladas, tan “poco conveniente” era el negocio que otra transnacional, la Anglo American, se interesó en comprar la Disputada el año 2002 por 1.300 millones de dólares.

  • Detener todo intento abierto o encubierto de privatizar CODELCO, manteniendo inalterable su carácter estatal y fomentar su fortalecimiento y expansión. Esta empresa produce alrededor de un 40% del cobre chileno y otorga al Estado más de mil millones de dólares al año, mientras que las grandes empresas extranjeras que producen el 60% del cobre restante tributan anualmente apenas unos 120 millones de dólares, gracias a los privilegios mencionados. La expansión del sector Estatal permitiría a la vez regular la producción del mineral para evitar la caída de los precios, además de crear nuevas fuentes de empleo.

  • Creación de una gran Industria Pesquera Nacional, dirigida por igual al exterior como al mercado y consumo interno, y con una explotación racional de los recursos marinos.

  • La capacidad productiva del país no debería estar basada sólo en los recursos naturales, lo cual no es viable a largo plazo ya sea por los cambios permanentes a nivel internacional o por el agotamiento material de los recursos naturales (pesqueros, cobre, salitre, etc.). Se deben buscar fuentes estratégicas de crecimiento. Entonces, es necesario desarrollar la Industria alimenticia e Industria de medios de producción, con la perspectiva de romper la subordinación y dependencia desde el punto de vista tecnológico de las grandes potencias, lo que incluye potenciar y desarrollar el mercado interno.

  • Lo anterior permite la creación de empleos productivos con mayor valor agregado, expandiendo las empresas estatales instalándose en regiones y comunas, atendiendo las demandas de subsidio y ayuda crediticia y técnica a las pequeñas y medianas empresas.

  • Incentivar la solidaridad, la integración y el intercambio económico con los países de la región, en particular los del Cono Sur de América, como una parte del proyecto de desarrollo que se implementa en oposición a los permanentes intentos Norteamericanos y Europeos de anexarse nuestras economías y recursos naturales.

c) Una política en pos de recuperar la soberanía e independencia del país en términos económicos, que le permita cumplir cabalmente sus objetivos, para ello es indispensable trabajar en la perspectiva de crear una correlación de fuerzas que permita el no pago de la deuda externa, es evidente que los pagos de amortizaciones e intereses ya efectuados superan con creces el valor de la deuda. Desde el punto de vista económico, y desde el punto de vista moral, continuar pagándola constituye un atropello a la dignidad y soberanía nacional. A esto hay que agregar el hecho que los países subdesarrollados entre ellos Chile, debe cumplir con los pagos de la deuda aún en periodos de crisis económica, esto significa que la burguesía intensifica la explotación de los recursos naturales, acercándose peligrosamente a los limites impuesto por la naturaleza, implicando esto un alto grado de depredación y de transferencia de soberanía.

Cifras que hablan de América Latina, indican que el total de materias primas que necesita para pagar sus compromisos con los intereses de la deuda, expresada en volumen físico han variado de 1980 a 1995 en un incremento de 1.015 millones de toneladas a 3.694 millones de toneladas. Estudios realizados (Jacobo Schatan) que proyectan el crecimiento de la deuda y el pago de los intereses en los próximos 14 años (al 2016) indican que la deuda de América Latina se incrementaría a 1.611 billones (miles de millones) que obligaría al pago de intereses de 8.677 millones de toneladas de materia primas.

En lo social, luchamos por:
Una política que siente las bases para generar una capacidad permanente del Estado de asegurar el acceso de todos los chilenos a servicios y derechos fundamentales, terminando con su carácter mercantil, lo cual significa:

  • Posibilitar la gratuidad del servicio de salud pública, masificación y fortalecimiento de los policlínicos en las zonas urbanas y rurales.

  • El acceso gratuito efectivo a la educación pública primaria y secundaria (eliminación del financiamiento compartido) y el acceso a la educación superior pública de todos los que tengan los méritos académicos para ello. Como apoyo a un proceso industrializador, el Estado debe recuperar o reconstruir el Instituto Nacional de Capacitación (Inacap).

  • Una nueva legislación laboral que tenga como centro el derecho al trabajo, a la organización sindical, a la negociación colectiva por rama de la producción y a la huelga, incluidos los trabajadores del campo (temporeros). Paralelo a ello es imprescindible la generación de un movimiento nacional de trabajadores, de carácter clasista, autónomo del gobierno, los partidos que lo conforman o sus opositores, y el aparato del Estado.

  • Reestructuración completa del sistema previsional, la que debe comenzar con una estricta regulación y control al actual sistema de fondos de pensiones (AFP), el cual se basa en el ahorro obligatorio para los asalariados (y voluntario para los burgueses) y el cobro de comisiones por la “gestión” de esos recursos. Este es un negocio que entrega cuantiosas sumas al control de los grandes consorcios, con un total de 32 mil 381,15 millones de dólares, equivalente casi al 50% del PIB nacional, y del cual los supuestos beneficiarios del sistema no tienen ningún control (cifras de octubre de 2001, Superintendencia de AFP); prueba de lo anterior es la creciente inversión en el exterior por parte de las AFP, es decir, el salario de los trabajadores se transforma en capital para la especulación en el extranjero. Este es un sistema antidemocrático que ha tendido rápidamente a la concentración, y hoy las 5 mayores AFP controlan más del 90% de la propiedad.

    Por tanto, se hace urgente una profunda reestructuración de este sistema para democratizarlo y ponerlo al servicio del desarrollo nacional ya que se sostiene en el salario de los trabajadores chilenos. Este proceso debe incluir que los mencionados fondos sean invertidos en el país para crear o fomentar capacidad productiva, nuevos empleos o viviendas. Por otra parte, se debe capacitar a los trabajadores para que a futuro puedan generar cooperativas previsionales, ya sean por áreas de servicio o ramas sindicales.

    Como lo dice su nombre, esta plataforma es una base general, un instrumento para comenzar a avanzar, la alternativa del pueblo no va a surgir solamente transformando un discurso teórico en acción política; es un proceso dinámico en donde nuestra política y nuestras propuestas se tienen que ir enriqueciendo o incluso rectificando en la medida que avanza el desarrollo de la lucha social y política, y complementarse con las proposiciones que respondan a las reivindicaciones específicas de cada sector social.

    ¡Sólo la lucha nos hará  libres!