Boletín Rodriguista, Mayo 2007 Lucha coordinada y nacional por los derechos populares La jornada de protesta popular del 29 de marzo pasado, fue una contundente demostración de que en la coyuntura nacional van aumentando las dificultades de los actuales gestionadores del sistema, el gobierno de la Concertación, para enfrentar y resolver las causas de los conflictos desatados en diversos sectores sociales; y si bien el gobierno aun puede maniobrar, cooptar a algunos dirigentes, dar soluciones de parche, o utilizar prácticas dilatorias y conciliadoras para apaciguar la movilización y ganar tiempo, todo este proceso -sumado al costo de la creciente corrupción de la gestión pública y privada- está agotando la base de apoyo oficialista, y acelera también tendencias disociadoras dentro del propio bloque de gobierno. Vemos un bloque gobernante desgastado además por la ineficacia de la tecnocracia que llegó al gobierno con Bachelet, que ha cometido errores y torpezas que no han hecho más que mellar su cohesión interna en momentos de un crecimiento económico estancado, que según parámetros neoliberales, el modelo no se desarrolla. La crisis generada por el Plan Transantiago es el punto de inflexión de esta tendencia, que incluso tuvo repercusiones en la prensa internacional, en la que por primera vez en este período se habla de crisis social en el país y de ineptitud de los gobernantes. Por el lado de la derecha, la Alianza por Chile busca por todos los medios capitalizar el descontento social, pero como este es generado por su propio modelo de sociedad, no puede presentar un programa alternativo y no cuenta aún con suficiente unidad interna, lo que la hace reducir su accionar a las denuncias públicas, las descalificaciones y las maniobras en el Parlamento, estando aún por verse si tendrán la capacidad de convertirse en una oposición con proyecciones políticas en el Gobierno o el Congreso, modificando a su favor la correlación de fuerzas en el bloque dominante. Esta combinación de aspectos, en su desenvolvimiento, viene tendiendo hacia una creciente derechización de la gestión política institucional. En su afán de retomar la iniciativa y la conducción el gobierno ha optado por una táctica que en una de sus direcciones incluye reinstalar en el Gabinete a los sectores más neoliberales y reaccionarios de la Concertación: Belisario Velasco, José Antonio Viera Gallo y René Cortázar, que representan la bancarrota del “estilo ciudadano” que supuestamente llegó con Bachelet en el año 2006. Efecto de lo anterior es también el acuerdo con la derecha para nombrar al nuevo contralor general, un primer resultado de la gestión de Viera Gallo, donde las tendencias más reaccionarias dentro de la Concertación se acercan hacia las más “liberales” de la Alianza por Chile. Sin embargo, y aunque eso le produzca dificultades con la derecha, la táctica gobiernista incluye también a su “flanco izquierdo”; los sectores sociales y el PC, con la intención de amortiguar y encauzar la movilización y la lucha reivindicativa. En este contexto propuso algunas reformas cosméticas a la política educacional (la LEGE o Ley General de Educación), y al sistema electoral binominal, esto último con el fin de integrar al Partido Comunista al Parlamento. La protesta y las maniobras del gobierno Resultó elocuente que la cúpula del PC, mientras el país vivía una de las más grandes jornadas de protesta social de los últimos años, se encontrara negociando con la derecha y el gobierno la reforma al sistema binominal que le permitiría insertar en el Parlamento 4 o 5 diputados, los cuales por lo que es conocido de su política, sin duda terminarán alineándose con la Concertación o a lo más usando esos votos como mecanismo de presión cuando las diferencias sean estrechas. Guillermo Tellier, Lautaro Carmona y Jorge Insunza han dejado claro que el camino de su partido no es el cambio del sistema sino la convivencia dentro del mismo, reduciendo su papel a la de supuesto interlocutor o negociadores con el gobierno en el escenario de los conflictos sociales. El gobierno ha enfrentado las demandas populares con las tácticas propias de la contra insurgencia que tan bien conoce Belisario Velasco, que regresó con ese particular “aporte” a los círculos del poder. Y ya ha quedado demostrado por el gobierno que la movilización social, o todo lo que ellos consideren “alteración al orden público”, y las organizaciones que las protagonicen, son y serán objeto de la criminalización, la guerra sicológica, y diversas maniobras y montajes de inteligencia, acoso y represión. Para ello cuentan, y han utilizado, el armazón legal de la dictadura como la figura de la Asociación Ilícita, la Ley Anti-terrorista, la ley de control de armas recientemente modificada, y ahora el proyecto de rebaja de la responsabilidad penal de los 18 a los 14 años, una reforma con nombre y apellido: los estudiantes y los jóvenes en general que se movilizan y protestan. En este contexto, ya se ha planteado que el modelo esta entrando en una espiral de descomposición por su carácter dependiente y sus permanentes injusticias sobre la mayoría del país, lo que por si mismo es insuficiente para provocar su derrumbe, hasta que en Chile se constituyan fuerzas u organizaciones populares fuertes y cohesionadas, y con suficiente conciencia e independencia política que les permita ser alternativa de poder. A pesar del desgaste del conglomerado de gobierno, el bloque en el poder del cual es parte, aun mantiene un firme consenso en torno al neoliberalismo y la estabilidad institucional que lo sostiene. Por eso, la protesta del 29 de marzo que abrió el año político del país, al igual que el conflicto secundario de 2006, a nuestro entender dejan planteados puntos importantes a resolver en este período en cuanto a tareas políticas para la etapa: primero, lograr una incidencia objetiva de la organización política mediante su rol organizador, agitador y movilizador en el seno de los sectores sociales; segundo, la posibilidad de elevar la capacidad de acción nacional e independiente de la izquierda revolucionaria para instalar sus propios contenidos, métodos y propuestas; y tercero, la importancia de la convergencia entre distintos sectores sociales (trabajadores, pobladores y estudiantes), superando visiones parciales, basistas, “apolíticas” o caudillistas, que por cierto también se presentaron en esta contingencia, pero con menos capacidad de frenar las voluntades unitarias y la necesidad de acción conjunta, por sobre las subjetividades individuales o grupales ante una realidad concreta y posible de revertir a través de la lucha coordinada y nacional por los derechos populares pisoteados.