En efecto, es cierto que el conflicto estalla producto de la coyuntura del gas, y que también se incluyó el problema de la mediterraneidad, pero en ningún caso ha sido el único tema, pues detrás de las movilizaciones populares hay varias otras razones de orden político y económicas que el pueblo boliviano sostiene; desde el modelo económico neoliberal impuesto a partir de 1985 (que causa el empobrecimiento progresivo de las mayorías y el enriquecimiento y corrupción de las minorías dominantes) hasta la intervención imperialista a través del llamado
Plan Dignidad, el cual en forma y contenido es similar al Plan Colombia, amparado tras la inocente imagen de combatir el narcotráfico reconvirtiendo la producción de los campesinos, con la intención de controlar la región y apropiarse de los recursos naturales para resolver las necesidades energéticas del imperio, reduciendo así -y ojalá extinguir-, los focos insurgentes o de resistencia popular a las políticas neoliberales.
Para la prensa chilena obviamente ha sido más fácil invocar el caos antichileno y la xenofobia, que revisar los antecedentes históricos y sus contenidos. Y es que la cuestión es clara, los medios escritos que más venden en Chile son parte de un solo duopolio de la información. Por un lado tenemos el periodismo neoliberal del grupo COPESA S.A., que puede hablar y criticar lo que se le antoje aunque esté estrictamente prohibido por sus dueños atacar al modelo económico (La Tercera es un caso emblemático); y por otro, los que pertenecen a la familia Edwards, que no necesita mayor presentación que las palabras de Ricardo Lagos al señalar que «no se puede entender la historia de Chile sin El Mercurio».
Estas industrias creadoras de realidad han hecho una tajada de la historia del movimiento popular boliviano, presentando las movilizaciones como un fenómeno sin basamento, que justificaría cualquier barbaridad por parte de los gobiernos y los aparatos del Estado Boliviano para mantener la tan preciada gobernabilidad. Dichos medios, desconocen que en Bolivia las condiciones objetivas para un levantamiento popular estaban hace rato maduras, pues las promesas de los gobiernos neoliberales que se han sucedido en el poder nunca se han cumplido, mientras las desigualdades, en especial la extrema pobreza, se ha multiplicado de manera exponencial.
Contrastan las mansiones, hoteles cinco estrellas y vehículos de lujo, con la pauperización de los sectores populares y medios, que ha llevado a que las fisuras del modelo económico se hagan cada vez más incontrarrestables. Además, resaltan las condiciones subjetivas de voluntad para transformar la situación de pobreza; imposible habría sido el levantamiento de demandas populares concretas si no hubiese existido la conciencia acerca de las condiciones materiales y subjetivas de producción y reproducción de la vida social. Conciencia imprescindible para entender la necesidad de organizarse y luchar por derechos humanos básicos como el acceso al agua, el mismo manejo del gas, o bien comprender la pérdida de soberanía que implican los modelos económicos neoliberales impulsados por organismos como el FMI y el BM, que obligan a los estados a entregar a cambio de migajas las riquezas naturales que poseen.
Los inicios de la lucha
El conflicto social que vive este país hermano supera la contingencia. El movimiento popular boliviano se levanta por transformaciones más profundas. Sin embargo, este movimiento no ha sido homogéneo y se notan las diferencias entre aquellos que se movilizan en los sectores rurales con demandas de campesinos indígenas (zona subtropical cocaleras del Chapare, lugar de las plantaciones de hoja de coca), desde donde surge la figura de Evo Morales, dirigente del «Movimiento Al Socialismo» (MAS), y la de los sectores urbanos en la cual predomina los trabajadores y sindicatos, pobladores y estudiantes.
Las fuerzas que comienzan a liderar las protestas parten en la zona altiplánica, y provienen de la etnia aymara, luego se fueron sumando los otros movimientos. La convergencia de estos actores conforman en la actualidad el movimiento popular boliviano, el cual unifica a organismos sociales y políticos que a pesar del discurso acerca de que los movimientos sociales y políticos tendrían intereses antagónicos, no ha redundado en contradicciones de fondo que impidan trabajar juntos en pro de la emancipación del pueblo boliviano, incluso a pesar de sus diferentes posturas y discursos. Los sectores de políticos y de trabajadores poseen en muchos casos visiones determinadas por conceptos occidentales de lógica política moderna, mientras que el campesino indígena defiende más el de la autodeterminación, rechazando el control del Estado boliviano. A pesar de ello, hasta ahora se han encontrado soluciones conjuntas importantes, con una disposición positiva de construcción popular desde las bases.
Como señalábamos anteriormente, el conflicto social actual no es un producto espontáneo, sino resultado de las distintas luchas del pueblo en torno a la recuperación de Bolivia para los bolivianos, luchas que se aglutinan en torno a Direcciones y Coordinadoras para fortalecer la Unidad del movimiento popular. En el verano de 2001, se realizó el primer corte nacional de caminos a causa de la protesta de los campesinos cocaleros debido al cierre del mercado de hoja de coca de Sibaya, que es de consumo tradicional interno -a unos 10 Km. de Cochabamba-. En dicha resistencia y enfrentamiento murieron cinco campesinos y dos militares. El cierre del mercado de hoja de coca es consecuencia directa de la presión de la embajada de EE.UU. en Bolivia y de la implementación del Plan Dignidad. Durante la movilización, los cocaleros y sus familias bajaron hacia la ciudad de Cochabamba para aumentar las presiones, pero fueron duramente reprimidos y apresados por los «dálmatas» (policía boliviana similar al GOPE de carabineros). Suscitando el apoyo de los estudiantes que salieron a las calles en repudio a las acciones represivas, solidarizando con los campesinos y rechazando las políticas pro yanquis del gobierno boliviano, que incluyó la militarización de las zonas cocaleras. Los cortes ruteros se multiplicaron en Bolivia en especial en las cercanías de La Paz y los alrededores del lago Titicaca. El campesinado siempre ha defendido que la hoja de coca no es droga como se quiere hacer creer, sino un producto consumido milenariamente por este pueblo.
Tiempo después, los hermanos bolivianos nos dieron otro ejemplo al organizar la lucha por la recuperación del agua privatizada en Cochabamba, uniéndose en torno a la Coordinadora por la Defensa del Agua, que logra la vuelta a manos del pueblo de este recurso vital. Esta coordinadora funciona actualmente como Coordinadora por la Defensa del Gas.
El conflicto puntual parte en septiembre en los sectores altiplánicos de Bolivia, los cuales fueron duramente reprimidos por militares y policías, causando la muerte de cuatro comuneros aymara y una niña de tan sólo ocho años de edad, además de dejar veinte heridos. La región de Warisata (Warisata, Sorata y Achicachi) quedó en manos de los indígenas, los que agrupados en el Movimiento Indígena Pachakuti (el MIP, liderado por Felipe Quispe Huanca) y la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), radicalizan las movilizaciones y levantan la consigna de autodeterminación aymará, reivindicación que se viene instalando desde las movilizaciones del año 2000, fecha en que los indígenas expulsan a las instituciones racistas del Estado boliviano y otras organizaciones enlazadas con el gobierno, con la perspectiva inconclusa de crear una estructura política de base territorial comunitaria. Contenido que en los sectores urbanos fue apoyado con marchas y huelgas convocadas por el MAS y la Central Obrera Boliviana (COB).
A partir de aquí, en las ciudades la COB se puso a la vanguardia de las movilizaciones urbanas, que junto a los delegados campesinos prepararon la Huelga General indefinida y el bloqueo nacional de caminos, sostenida en direcciones departamentales de unidad compuestas por delegados de entidades sindicales, de pobladores, estudiantes y otras organizaciones. El levantamiento indígena y popular ocurre justo cuando el Estado como expresión de las contradicciones sociales, profundiza su estrategia autoritaria y represiva. Según fuentes de la prensa boliviana sólo en el último año del gobierno de Sánchez de Lozada murieron más de 80 personas.
“La Guerra del Gas”
El gas como recurso natural es de carácter estratégico en cuanto a las perspectivas de desarrollo social y político, de hecho tiene la misma ingerencia en las coyunturas nacionales como ocurre con el petróleo en Irak y Venezuela. Su explotación entonces tiene estrecha relación con el modelo económico neoliberal aplicado desde 1985, que se ha traducido en procesos de capitalización y privatización del gas natural en su exploración, explotación y transporte. Singularmente, Bolivia ya casi no administra este recurso ni siquiera indirectamente, ya que gradualmente -en especial entre 1992 y 1996- ha ido cediendo legalmente el derecho de propiedad a manos de las compañías extranjeras (“multinacionales”). Todo ello “casualmente” durante el anterior mandato de Sánchez de Lozada, donde con el objeto de conceder todas las garantías y evitar nacionalizaciones obligado por las movilizaciones sociales, el gobierno boliviano subscribe contratos con el Organismo Multilateral de Garantías e Inversiones (OMGI) del Banco Mundial, con el Centro Internacional de Arreglos y Diferencias de Inversiones (CIADI) y con la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC) del gobierno de los Estados Unidos, con el objeto del aprovechamiento simultáneo por parte de los poderosos de Bolivia y las transnacionales imperialistas, de la explotación de los recursos naturales y la fuerza de trabajo barata.
Quienes se oponen a la explotación del gas no lo hacen de manera arbitraria, sino en pro del único objetivo que se puede contraponer económicamente al neoliberalismo en la actualidad: la colocación de los recursos naturales en los mercados interno o externo pero con un valor agregado mediante la industrialización y no sólo como materia prima de bajo costo, donde ocurren las millonarias ganancias para las transnacionales y se pagan míseros impuestos. De hecho, con las normas de privatización las empresas petroleras (British Gas, British Petroleum, Chaco, Pluspetrol, Petrobras, Repsol, YPF y otras) tienen el paraíso hidrocarburífero. Roberto Malloa, ejecutivo de Repsol (española) lo dijo claramente a la prensa boliviana: «por cada dólar que se invierte la ganancia es 10...», en gran medida porque los costos de producción en Bolivia son bajísimos, alcanzando sólo a 0.97 centavos de dólar frente a los 4 dólares necesarios en Venezuela, México o Argentina.
Con este escenario obviamente el imperialismo no quiere perder terreno en América Latina, por eso los planes de control político militar existentes en la región (Plan Panamá, Plan Colombia y Plan Dignidad), apuntan al dominio de los recursos del agua, el ecosistema y la energía.
Por último, si bien el alzamiento popular en Bolivia es parte de un renacer del latinoamericanismo, que vuelve la mirada hacia lo nuestro, debemos ser cautelosos en cuanto a observar el advenimiento de una revolución socialista comandada por los proletarios a la vuelta de la esquina como lo sugieren algunos grupos. La complejidad del actual movimiento popular boliviano, el difuso panorama luego de la caída de Sánchez de Lozada, por ahora sólo nos hacen estar expectante a lo que pueda ocurrir con las demandas de autodeterminación y justicia social, por una Bolivia construida desde el pueblo y para el pueblo.
¡Jallaya (Viva) la insurrección indígena y popular de nuestros hermanos bolivianos!